Por lavado de activos
Dan a conocer veredicto del juicio oral al clan Ale
Télam
Dieciséis personas acusadas de integrar el clan Ale aguardaban hoy el veredicto del juicio oral al que están siendo sometidos por supuesto lavado de activos, asociación ilícita y narcotráfico en la ciudad de Tucumán, informaron fuentes judiciales. Al cierre de esta edición se aguardaba que los jueces Alicia Noli, Gabriel Casas y Domingo Batule, quienes integran el Tribunal Oral Federal (TOF) de Tucumán, dictaran la resolución del mayor juicio por lavado de activos de la historia argentina, el cual duró un año y por el que pasaron alrededor de 100 testigos.
Doce de los imputados habían llegado detenidos al juicio, en octubre se los liberó porque se consideró que no había riesgo de fuga y el viernes la Cámara Federal de Casación Penal ordenó que vuelvan a ser apresados tanto porque amenazaron a testigos como por la pena en expectativa. Sin embargo, fuentes judiciales aseguraron que no se los pudo volver a trasladar a un penal por cuestiones operativas y entonces se dispuso que cumplan arresto domiciliario con custodia policial hasta el lunes.
Durante los alegatos, el fiscal federal Pablo Camuña solicitó que se condene a los hermanos Rubén y Adolfo Ángel Ale, acusados de liderar la “asociación ilícita y lavado de activos”, a 13 años de prisión y que los bienes decomisados, entre ellos 60 armas y 5.500 proyectiles, sean entregados a fuerzas de seguridad para la lucha contra el lavado de activos, la criminalidad económica y el crimen organizado.
Los miembros
El funcionario judicial pidió, además, que se apliquen penas de entre 4 y 10 años -pero como miembros de la organización- para María Jesús Rivero, Víctor Alberto Suárez, Fabián González, Roberto Oscar Dilascio y Ernesto Santos Catulo.A su vez, pidió que se condene sólo por asociación ilícita a Carlos Rolando Ocampos (7 años), a César Marcelo Manca (6 años) y a Sergio Francisco Parrado (3 años), mientras que solicitó 4 años y medio de prisión para Enrique Lorenzo Chanampa como miembro de la organización y responsable del comercio de estupefacientes.
Finalmente, para los otros cinco imputados, el fiscal Camuña -acompañado por el instructor judicial ad-hoc Agustín Chit- solicitó penas de entre 2 y 5 años de prisión. A lo largo del proceso “se probó la existencia y el funcionamiento de una vasta organización criminal, histórica en la provincia, que desarrolló diversos planes delictivos durante más de una década y de esas actividades se obtuvieron ingentes ganancias y activos, a punto tal que tuvo que generar una subestructura cuya función fue la de colocar esos bienes en la economía legal, es decir, el lavado de activos”, alegó Camuña.
