Brasil
La Corte acota al juez Moro y favorece a Lula
Le quitó al magistrado las causas derivadas de la delación de los ejecutivos de Odebrecht contra el ex presidente.
La senadora Gleisi Hoffmann, presidenta del PT, denunció que Lula es un preso político y está en un régimen de aislamiento en la prisión.
Foto: DPA
Redacción El Litoral
Telam
La Corte Suprema de Brasil acotó el poder del juez Sérgio Moro al quitarle las causas derivadas de la delación de los ejecutivos de Odebrecht contra el ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva, en la misma jornada en la que la defensa apeló ante el máximo tribunal la condena a 12 años y un mes de prisión por la cual está preso desde el 7 de abril.
También ayer la Policía Federal, que depende del gobierno del presidente Michel Temer, pidió trasladar a Lula de su sede en Curitiba, estado de Paraná, por los trastornos y los costos que generan las manifestaciones por la liberación del máximo líder popular del país.
La sala segunda del Supremo Tribunal Federal decidió por 3 votos contra 2 enviar a la justicia ordinaria de San Pablo dos causas que pueden complicar aún más a Lula: la delación de Odebrecht sobre reformas en el Instituto Lula y en una quinta en la localidad de Atibaia.
“El caso no tiene relación con Petrobras”, esgrimió el juez supremo José Días Toffoli, que dio el voto que por primera vez en cuatro años le disputa el poder a Moro por el control de las delaciones de Odebrecht.
Es que Moro estaba autorizado por la cámara de Porto Alegre -la misma que confirmó la condena a Lula- a centralizar el Petrolao y la delación de Odebrecht. Tenía poderes extraordinarios de jurisdicción.
Pero la Corte adhirió de esta manera a una línea que las defensas esgrimían, que era que la fiscalía de Curitiba, corazón de la Operación Lava Jato, vinculaba todas las causas a desvíos en Petrobras para poder mantener el control de los expedientes.
Lo cierto es que la Corte y Lula fueron los protagonistas de la jornada.
Lula apeló la condena ante el STF y ante el Superior Tribunal de Justicia, tercera instancia penal, al considerar que Moro y los fiscales acusaron al líder opositor de tener un departamento en Guarujá entregado como soborno “sin pruebas y con enemistad política manifiesta”.
Esta apelación deberá demorar varios meses para ser tomada por los tribunales superiores.
Pero otra pieza clave en el gran péndulo institucional brasileño llegó a manos de nada menos que la presidenta de la Corte, Carmen Lúcia Antunes. Ella tiene en sus manos el futuro de Lula.
Antunes recibió del juez supremo Marco Aurelio Mello un pedido para declarar inconstitucional la jurisprudencia de 2016 que permite a los tribunales detener a condenados con fallos de segunda instancia, como es el caso de Lula.
Antunes ha reiterado que no tiene intenciones de agendar una votación sobre el asunto, que podría tener un resultado de 6 a 5 para eliminar la jurisprudencia, según Mello.
Antunes desempató una votación a inicios de abril que permitió el rechazo de un habeas corpus de Lula y la ejecución de la condena a 12 años y un mes de prisión del ex mandatario.
Los pedidos para declarar inconstitucional la prisión en segunda instancia fueron realizados por el Partido Ecológico Nacional, que amenazó con retirar la antigua demanda porque beneficiaría a Lula, y el Partido Comunista do Brasil (PCdoB), aliado del ex mandatario.
La misma sala II que le sacó el caso Odebrecht a Moro deberá tratar a partir de la semana que viene un reclamo para anular la prisión.
El pedido sostiene que el juez Moro ejecutó la orden de detención de Lula antes de que se cumplieran los ritos procesales en la cámara de apelaciones de Porto Alegre, el tribunal que confirmó la sentencia y amplió los años de pena.
Eso comenzará a tratarse a partir del jueves 3 de mayo y podrá significar la liberación de Lula, aunque no hay plazos de vencimiento.
Denuncias de fraude en Paraguay
El presidente electo de Paraguay, Mario Abdo Benítez, confirmó que deberá lidiar con un Senado en el que no tendrá mayoría y, probablemente, maniobrar para que la oposición, unida, no vete las juras de los ex presidentes Nicanor Duarte Frutos y Horacio Cartes, cuestionados porque la Constitución les reserva bancas vitalicias pero sin voto.
Además, a las especulaciones sobre el Congreso que viene, se sumaron múltiples denuncias sobre eventuales fraudes en los comicios del domingo, rechazadas por el oficialista Partido Colorado y la justicia electoral, pero amplificadas por la oposición, que hasta organizó una manifestación frente a la sede del Tribunal encargado de organizar la compulsa.
La oposición cuestiona que Duarte Frutos, Cartes y del ex vice Juan Afara hayan podido ser candidatos, amparados por un fallo de la Corte Suprema. La denuncia llegó a la OEA. Ya en 2008 Duarte Frutos no logró asumir por esta misma razón.
Cuando crecían las especulaciones sobre el futuro Senado y la polémica sobre los ex mandatarios, arreciaron las denuncias, hasta ayer solo esbozadas, sobre irregularidades en las actas. El derrotado liberal Efraín Alegre advirtió sobre la existencia de “muestras muy claras de fraude” en el recuento, y en su apoyo salieron dirigentes de fuerzas minoritarias.
Enseguida, el TSJE salió a rechazar la denuncia. ‘No existe fraude‘, dijo a los periodistas Luis Salas, director de Recursos Electorales del organismo.
El funcionario evaluó que, en todo caso, pudo haber un incumplimiento de funciones por parte de los integrantes de algunas de las mesas electorales a la que se refirió Alegre. “Desde el principio avisamos a los partidos; les dijimos que controlen y si no controlan generan suspicacia. No queremos que la democracia se manche por la suspicacia”, añadió Salas.
Alegre perdió por un 3,7 por ciento de diferencia respecto al colorado Benítez, la menor distancia desde que Paraguay recuperó la democracia, en 1989.
Mediación de la Iglesia en Nicaragua
La Conferencia Episcopal Nicaragüense aceptó mediar en el grave conflicto social que atraviesa el país, gesto que fue sumamente agradecido por el ahora debilitado presidente Daniel Ortega, quien confirmó su voluntad de dar inicio a un diálogo que resuelva la crisis de gobernabilidad. Antes, el cardenal Leopoldo Brenes, presidente de la CEN, había leído en rueda de prensa el mensaje de aceptación y anunció que los obispos asistirán “en carácter de mediador y testigo” al diálogo, cuya agenda y fecha de inicio tampoco se han definido. El también arzobispo de Managua destacó que estas conversaciones se producirán “ante las gravísimas situaciones que vivió la nación y que se agudizaron en la última semana”, donde la violencia dejó una treintena de muertos y decenas de heridos y detenidos, según cifras de organismos de derechos humanos no avaladas por el gobierno, que insiste en reportar sólo 10 fallecidos.
