El cepo cumple 3 años con venta récord de dólares

De la Redacción de El Litoral
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DyN

A tres años del cepo cambiario -impuesto por Amado Boudou cuando era ministro de Economía- la compra de moneda extranjera dentro del régimen autorizado por la Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip) alcanzó ayer a 404.234.379 dólares en lo que va de octubre, cuando restan cuatro días para la finalización del mes.

De acuerdo con el monitoreo difundido por el organismo recaudador, en la jornada se adquirieron 7.165.447 dólares en 12.529 operaciones, a razón de 571,91 dólares por caso. Las compras superan en más de 25 millones de dólares al récord anterior de septiembre, cuando fueron de 379.071.585 dólares.

En realidad las compras de dólares por parte de los argentinos vienen acelerándose mes a mes como consecuencia de la falta de confianza en las medidas económicas que toma el gobierno. El cepo, lejos de solucionar este problema, lo aceleró a punto tal que la sangría de reservas desde entonces se mantuvo.

Además, desde que se instauró el cepo, la inflación (según Congreso) fue del 113,8% mientras que el tipo de cambio oficial se devaluó un 97,7%. Esto quiere decir que tampoco sirvió para resolver el atraso cambiario.

La medida fue tomada por el gobierno para frenar una pérdida de reservas que por entonces había llegado a los 6 mil millones de dólares. Desde entonces, se perdieron 20.222 millones de dólares, que representan algo más del 42 por ciento de las reservas.

Hoy, el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, defendió la decisión oficial de disponer restricciones al acceso al dólar, ya que fue una “respuesta concreta” para dar “sustentabilidad macroeconómica” al país.

En su habitual conferencia en la Casa de Gobierno, el ministro observó que el denominado “cepo” fue “una respuesta concreta desde el punto de vista de la sustentabilidad macroeconómica del país, de la disponibilidad de divisas y de la administración de la transición”.

“Cuando se busca sustentabilidad macroeconómica, se usa una multiplicidad de instrumentos”, planteó Capitanich, quien advirtió la necesidad de “observar esta política de prevención sistémica frente a un contexto internacional de crisis”.

“Pareciera que cualquier análisis que se hace en la Argentina prescinde de la caída de (la financiera) Lehmann Brothers en 2008, cuando hubo una desaceleración de la tasa de crecimiento de la economía, que afectó los niveles de demanda externa”, analizó.

Vanoli defendió los controles

El presidente del Banco Central (BCRA), Alejandro Vanoli, defendió las acciones de control ejercidas sobre el mercado cambiario y en particular en la operación de “Contado con liquidación” (CCL), al asegurar que “eso no es un abuso del Estado”.

“El CCL es un canal por el cual se pretende unir la esfera financiera ilícita con la esfera financiera legal”, dijo Vanoli durante un seminario sobre “Lavado de dinero”.

El presidente del BCRA sostuvo que “esto no es arbitrariedad ni abuso del Estado, sino el Estado haciendo uso de las leyes”.

Vanoli justificó las inspecciones al sostener que “estamos haciendo operativos para verificar que se cumplan con las normas” y al respecto sostuvo que “lo cierto es que cuando se detecta que hay información incompleta o fajos de billetes, se ve que hay un camino fértil para este tipo de ilícitos”.

“Vamos a trabajar para prevenir que quienes incumplan con leyes cambiarias o impositivas no se salgan con la suya”, advirtió el titular de la autoridad monetaria.

En otro tramo de su presentación, Vanoli destacó la decisión del Gafi (Grupo de Acción Financiera Internacional) de “sacar a la Argentina del seguimiento intensivo” en la que la había ubicado en 2010 y subrayó que eso obedece “a los avances” en materia de control y prevención del lavado del dinero que el país realizó en los dos últimos años.

Asimismo, el presidente del Banco Central explicó que “la única forma de que puedan tener operaciones donde se pueda asegurar de que se conozca al cliente es con aquellos países donde haya intercambio de información”, ya que muchas veces ha pasado que algunos países se escudaban en el secreto fiscal y bancario para no dar información respecto de operaciones sospechosas e ilícitas que se desarrollaban en sus jurisdicciones.