La Cámara Federal rechazó el pedido para desafectar al MVL de la estafa de Bolsafe

de la Redacción de El Litoral

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La Cámara Federal de Apelaciones de Rosario rechazó un recurso presentado por la defensa de diez miembros del directorio del Mercado de Valores del Litoral SA para que se los desvincule de la investigación por la millonaria estafa de Bolsafe Valores. El fiscal federal de Santa Fe, Walter Rodríguez, había pedido la indagatoria para 13 directivos del MVL en marzo del año pasado.

La resolución fue dictada el 30 de julio último por los camaristas rosarinos de la Sala “B” -José Guillermo Toledo, Elida Vidal y Edgardo Bello-, quienes resolvieron “confirmar la resolución del 27 de marzo de 2015”, en la que el juez federal Nº 2, Francisco Miño, rechazó un recurso de “excepción de falta de acción” en favor de diez de los miembros del directorio del Mercado de Valores del Litoral. Además, la Cámara ordenó el pago de las costas “en ambas instancias a los imputados recurrentes”.

El proceso penal que tiene como principal imputado al contador Mario José Enrique Rossini, y que comenzó hacia fines de 2012 con la eclosión de las empresas Bolsafe Valores y BV Emprendimientos, cuenta en la actualidad con una decena de procesados por los delitos de “administración fraudulenta” e “intermediación bursátil no autorizada”, todos ellos miembros del plantel de empleados de las empresas gobernadas por Rossini, que permanece preso en la cárcel de Las Flores.

A dicho procesamiento se suma el de ocho agentes financieros por el presunto delito de “lavado de dinero”. Ellos son un gerente del Banco de Galicia; tres oficiales de cuentas del Banco Galicia y Galicia Bursátil; dos empleados y un oficial de cuentas de Valfinsa Bursátil; además del propio Rossini a quien también se le impuso esa figura delictiva el mes pasado.

Juego de complicidades

El año pasado, precisamente el 14 de mayo, el fiscal federal de Santa Fe presentó ante el juzgado del Dr. Miño, una lista con 49 nombres de personas para que fueran citadas a indagatoria. El planteo formulado junto al Área de Fraudes Económicos y Bancarios, de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), apuntaba a 25 empleados, productores y directivos de Bolsafe y BV Emprendimientos; 13 directivos del Mercado de Valores del Litoral y 11 del Banco de Galicia.

A grandes rasgos la acusación era por “asociación ilícita para la concreción de una indeterminada cantidad de delitos financieros y patrimoniales”, entre los que cuentan “intermediación bursátil no autorizada; administración fraudulenta; y el posterior lavado o blanqueo de los fondos, fruto de aquellas maniobras ilícitas”.

Para el Ministerio Público Fiscal se trata de una organización que captaba ahorristas y luego se quedaba con sus títulos y valores, con Rossini a la cabeza; pero cuya labor no habría sido posible sin la complicidad del Mercado de Valores del Litoral, que debía supervisar a los operadores, y del Banco de Galicia, entidad a través de la cual se materializó el lavado -al menos 40 millones de pesos solamente durante 2012-. “La falta de acción del Mercado de Valores implicó su complicidad con la maniobra”, resaltaron los fiscales de la Procelac en aquel entonces.

Excepcional

Como las indagatorias fueron aceptadas por tramos por el Juzgado Federal y los miembros del MVL no fueron considerados, el abogado Raúl Ignacio Elli, defensor de una decena de directivos del MVL presentó un incidente de “falta de acción” que el juez Miño rechazó el 27 de marzo de 2015 y por ende fue apelado.

Para la Cámara Federal de Rosario “la excepción de falta de acción es una facultad defensiva cuyo fundamento es permitir decisiones anticipadas cuando, durante el transcurso del procedimiento se verifica la inutilidad de conducirlo adelante hasta su terminación, cuando se demuestra que no es necesario obtener la decisión final pues ya se conoce, anticipadamente, el fracaso de la imputación como solución del caso o la imposibilidad de proseguir la marcha procesal legítimamente”. “Es decir, es un remedio de carácter excepcional ante la existencia de un obstáculo provisorio que impida la continuación del proceso o de uno definitivo que termine con él”, explicaron.

En tal sentido los camaristas entendieron que “el momento elegido por la defensa para cuestionar la calificación legal de los hechos invocados en el requerimiento fiscal de convocar a los directores del Mercado de Valores del Litoral S.A. a indagatoria, no sería el adecuado, puesto que el pretendido reproche penal, ni siquiera fue receptado en autos, por haber entendido el juez que no se reunían los recaudos para citar a indagatoria a ninguno de los directores de MVL SA”.

Y agregaron: “La vía intentada no es la idónea para la pretensión que se persigue toda vez que está reservada para aquellos casos en los que la investigación versa sobre hechos manifiestamente atípicos, lo que no ocurre en este caso concreto”.