Mario Cáffaro
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La Cámara avanzó sobre la base de un proyecto de Bertero que tuvo el respaldo del Poder Ejecutivo, entidades agropecuarias y colegios profesionales.
Mario Cáffaro
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En votación dividida, la Cámara de Diputados introdujo una serie de reformas a la llamada Ley de Fitosanitarios que rige en la provincia desde 1995 y giró el tema en revisión al Senado después de haber dilatado durante varias semanas la decisión en la búsqueda de consensuar un texto entre el proyecto del kirchnerista José María Tessa y el de la socialista Inés Bertero. El consenso no llegó y en el recinto hubo 20 votos para el proyecto de Bertero, 14 para el de Tessa y las abstenciones de las oficialistas Griselda Tessio, Verónica Benas y Alicia Gutiérrez y del justicialista Federico Reutemann.
La votación se produjo durante una extensa sesión de Diputados que aprobó una docena de proyectos de ley, entre ellos y también con pronunciamientos divididos, la iniciativa de Mariana Robustelli (Movimiento Evita) para darle fuerza de ley al protocolo del Ministerio de Salud para realizar abortos no punibles en los centros de salud de la provincia. En este tema hubo 23 votos afirmativos, 14 por el rechazo y dos abstenciones. Fue el justicialista Héctor Acuña quien abrió el debate en rechazo al texto por considerar que “es casi legalizar el aborto, es abrir un festival de abortos” postura que fue rechazada por la autora así como por Gutiérrez y por Tessio, entre otras. La radical recordó que ni la provincia ni la Cámara son competentes para modificar el Código Penal en cuyo texto, en 1921, ya Moreno introdujo la figura del aborto no punible a la mujer violada o cuando corra serio riesgo su vida. Robustelli aclaró que el proyecto no hace más que seguir el pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia de la Nación de marzo de 2012 conocido como el fallo FAL.
Las razones de los cambios
En cuanto al tema fitosanitarios, la Cámara de Diputados tiene en agenda la reforma desde 2010 y algún pronunciamiento del cuerpo no tuvo eco en el Senado.
“Uno de los aspectos más conflictivos de nuestra producción agrícola está centrado en la utilización de fitosanitarios para producir de manera más estable y eficiente, siguiendo normas de calidad con el consiguiente beneficio para la sociedad y los consumidores. Sin embargo, la eventual aplicación de estos insumos de forma inapropiada entraña riesgos para la salud ya sea en forma accidental o por un manejo inadecuado”, dijo Bertero. Recordó que la clasificación toxicológica de los productos fitosanitarios la realiza el Senasa siguiendo criterios de la Organización Mundial de la Salud. “Su uso siempre implica un cierto nivel de riesgo. Como legisladores debemos avanzar en un cambio de la legislación que tenga por objetivo reducir el riesgo para lograr un sistema productivo más sustentable que no genere impactos indeseados en la calidad ambiental y en la salud de la población”, acotó la socialista. En la reforma, el texto avanza en prácticas agrícolas que contemplen el manejo integrado de plagas, minimizar la cantidad de aplicaciones; profesionalizar a los encargados de realizar estas prácticas y establecer reglas para un control estricto, fundamentalmente en las áreas periurbanas. Se incorporan a la legislación productos fitosanitarios en pos cosecha y fertilizantes y el Ministerio de la Producción tendrá el apoyo de un comité interministerial de Salud Ambiental.
También el proyecto votado impone la registración de los equipos de aplicación a través de la revisión y certificación que realice un asesor técnico habilitado. Además deberán registrarse los operarios que deberán capacitarse y contar con el respectivo carné de aplicador y libreta sanitaria. El Ministerio de Salud deberá realizar monitoreos periódicos de salud a los aplicadores.
Otra figura nueva es la del veedor (ingeniero agrónomo) como responsable del control del uso seguro de los productos fitosanitarios y fertilizantes en las áreas protegidas de cada municipio y comuna.
Una de las discusiones centrales entre los dos proyectos fueron las distancias mínimas en áreas periurbanas que para Tessa deben ser 800 metros de localidades; mil de escuelas rurales y prohibición de fumigación aérea. Lo votado establece una zona de producción regulada de 800 metros compuesta por una zona de producción especial de 100 ó 200 metros, según que exista o no cortina vegetal, en la que sólo podrán utilizarse productos aprobados por el Senasa para las producciones orgánicas; y una zona de control estricto, desde aquel anillo hasta los 800 metros donde se podrán aplicar productos banda III (azul) y IV (verde), siempre con la presencia de un veedor.
En cuanto a las fumigaciones aéreas, establece la prohibición de la aplicación de productos fitosanitarios, cualquiera fuera su banda, y excepcionalmente; cuando exista ordenanza municipal o comunal que lo autorice, se podrán realizar aplicaciones en casos de falta de piso o imposibilidad de aplicar por otro medio, con receta fundada y control y fiscalización del veedor. Incorpora una norma de ordenamiento territorial, que obliga a los emprendimientos inmobiliarios, parques industriales, complejos deportivos, barrios privados, que se establezcan luego de promulgada y reglamentada esta ley, fuera de la línea agronómica, a prever una zona de amortiguamiento de un ancho de 100 metros en caso de existir cortina vegetal; o de 200 en caso de no contar con ella.
Tessa, junto a los kirchneristas Leandro Busatto y Eduardo Toniolli justificaron las diferencias con el proyecto mientras que Susana García (CC- ARI), Norberto Nicotra (Pro) y Darío Boscarol (UCR) avalaron a Bertero. Este último insistió en el avance que significa el proyecto. “No hacer nada es lo peor que podemos hacer. Debemos controlar la sojización del país propiciada por el gobierno en detrimento de otros cultivos que no requieren tantos productos químicos. Del yuyo maldito pasaron a la multiplicación del área sembrada con soja en detrimento de producciones regionales y de montes y bosques”, remató.
Prórroga
La Cámara de Diputados utilizó la facultad constitucional de prorrogar un mes más el período ordinario que finaliza el 31 de octubre. Al momento de votarse la resolución, más de uno que termina su mandato en diciembre, pidió que la prórroga sea de al menos dos años.
Plaza San Martín
Diputados dio media sanción, por unanimidad, a un proyecto de ley declarando a la Plaza San Martín de nuestra ciudad como patrimonio histórico, arquitectónico, natural y cultural. La iniciativa es de la justicialista Marcela Aeberhard quien recordó el compromiso con los vecinos autoconvocados que están contra la construcción de cocheras subterráneas en ese espacio verde.
“Preservar el patrimonio es el objetivo principal de este proyecto que pretende jerarquizar a la Plaza San Martín por su aporte histórico a la ciudad, la puesta en valor del emblemático espacio público ubicado en pleno corazón del microcentro santafesino y el valor cultural que la misma posee” recordó la legisladora. La plaza data de 1844 y tuvo varios nombres hasta 1871 en que tomó la actual denominación.