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Lunes 05.09.2016
20:29

Pese al proceso judicial por torturas

La iglesia defendió las prácticas dentro del convento

La Iglesia defendió las prácticas desarrolladas en el interior del convento de Nogoyá, aunque puedan ser consideradas “incomprensibles”, pese a que afronta un proceso judicial por torturas y privación ilegítima de la libertad de las monjas del claustro.

Foto: Captura digital


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Pese al proceso judicial por torturas La iglesia defendió las prácticas dentro del convento La Iglesia defendió las prácticas desarrolladas en el interior del convento de Nogoyá, aunque puedan ser consideradas “incomprensibles”, pese a que afronta un proceso judicial por torturas y privación ilegítima de la libertad de las monjas del claustro. La Iglesia defendió las prácticas desarrolladas en el interior del convento de Nogoyá, aunque puedan ser consideradas “incomprensibles”, pese a que afronta un proceso judicial por torturas y privación ilegítima de la libertad de las monjas del claustro.

Fuente: DyN


El allanamiento al convento de la Preciosísima Sangre y Nuestra Señora del Carmelo, de la localidad entrerriana de Nogoyá, se realizó el 25 de agosto a raíz de una denuncia sobre privación ilegítima de la libertad agravada, castigos intramuros, desnutrición, autoflagelación, y uso de látigos, cilicios y mordazas, entre otros elementos de tortura.


La Sociedad Argentina de Derecho Canónico (Sadec) reclamó no juzgar “con criterios erróneos actitudes que no constituyen ningún delito, sino que responden a parámetros religiosos, de la propia conciencia y que incluso conciernen al derecho subjetivo a la libertad religiosa, aunque incomprensible para algunos”.


En un comunicado con la firma de su presidente, el sacerdote Esteban Alfón, la organización eclesiástica aclaró la situación canónica del monasterio carmelita y sostuvo que “la potestad de la Iglesia a regirse por sus propios ordenamientos en las cuestiones internas no es un privilegio, sino precisamente un derecho derivado de la libertad religiosa”.


“El Estado a través de sus funcionarios debe velar por el respeto a la libertad religiosa en todas sus expresiones y no coaccionar a las mismas porque le resulten incomprensibles. Menos aún utilizar de manera excesiva y desproporcionada sus medios coactivos, tan necesarios en verdaderas situaciones delictivas que afligen a sus ciudadanos y reclaman su legítima intervención”, subrayó.


En tanto, el fiscal de Nogoyá, Federico Uriburu, imputó a la superiora del convento carmelita, hermana María Isabel, por el delito de “privación ilegítima de la libertad” de monjas de esa congregación. El fiscal Uriburu tomó recientemente declaración a dos ex religiosas de la orden de las carmelitas y luego dispuso la indagatoria de la superiora.


“He vivido tortura psicológica, castigo físico, encierro de celda (como llaman a las habitaciones) y duras reprimendas por parte de la madre superiora”, confirmó una de las denunciantes en declaraciones a Canal 13. La mujer detalló que entre otros elementos de tortura utilizaban un látigo que se “hace con cuerdas, que antes se pasan por cera derretida y que después se dejan secar para que quede más duro”. “Nos autoflagelamos, nos pegamos en las nalgas. En las reglas, las constituciones está establecido que se haga una vez por semana”, reveló la ex religiosa.


Las ex monjas ratificaron ante la justicia las denuncias que publicó la Análisis de Paraná en cuanto al uso de cilicios, látigos, mordazas, y el padecimiento de humillaciones y mortificaciones, además de la imposibilidad de salir del convento.


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