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Lunes 25.09.2017 | Última actualización | 09.10.2017 | 11:12
6:59

Una problemática que preocupa a las autoridades

Amenazas de bomba en Santa Fe: una millonaria broma para el Estado

El Litoral tuvo acceso a grabaciones de los llamados. Mirá el informe especial multimedia con mapa, datos y entrevistas. Se planifican sanciones tanto para alumnos presuntamente implicados como para sus padres.

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Una problemática que preocupa a las autoridades Amenazas de bomba en Santa Fe: una millonaria broma para el Estado El Litoral tuvo acceso a grabaciones de los llamados. Mirá el informe especial multimedia con mapa, datos y entrevistas. Se planifican sanciones tanto para alumnos presuntamente implicados como para sus padres. El Litoral tuvo acceso a grabaciones de los llamados. Mirá el informe especial multimedia con mapa, datos y entrevistas. Se planifican sanciones tanto para alumnos presuntamente implicados como para sus padres.

La escuela Almirante Brown es la institución con más avisos de bomba recepcionados en lo que va del 2017.
Foto: Flavio Raina


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area@ellitoral.com

 

— 911 emergencias.
— Hay una bomba en la escuela Almirante Brown.


Este tipo de diálogo se repite desde principio de año en la Central de Emergencias 911 de la ciudad de Santa Fe (también hubo casos en 2016) y despertó la preocupación de las autoridades, no sólo de las instituciones educativas sino también del gobierno provincial, sobre todo de los Ministerios de Seguridad y Educación.

 

 


Es que un aviso de semejante magnitud no puede ser desechado, ni obviado. Al contrario, las fuerzas del orden deben desplegar un operativo especial para desactivar todo tipo de amenaza, por más falsa que sea, y tiene un costo elevado para el Estado.


Según las estimaciones de funcionarios del Ministerio de Seguridad provincial, cada vez que se arma un operativo (en el que participa personal policial, de la brigada antiexplosivos y otros especialistas) para este tipo de hechos, deben afrontar un costo de entre 40 y 45 mil pesos.

 

 

 


Escuelas, en el foco de atención


De acuerdo a los datos a los que estuvo acceso El Litoral, en lo que va del año la Central de Emergencias 911 recibió 99 avisos de bomba a escuelas, sólo en la capital provincial.


A estos números se le deben sumar las amenazas a otros organismos no educativos como las oficinas de la Empresa Provincial de la Energía, la Maternidad del Hospital Iturraspe, las oficinas comerciales de Cablevisión y un té bingo en un salón de eventos de la Av. Facundo Zuviría; que de igual manera requirieron de un despliegue especial de las fuerzas del orden.

 

 

 


La “alquilaron”


Del total de amenazas, la escuela Almirante Brown es el establecimiento más “elegido” con 30 alertas en lo que va de este 2017 (datos recabados hasta el 19 de septiembre). Otro establecimiento dentro de los preferidos por estos bromistas de mal gusto es la Escuela de Enseñanza Técnica el n° 480 Manuel Belgrano con 12 llamados; luego le sigue la n° 478 Nicolás Avellaneda con ocho comunicaciones.

 

 


Otro grupo importante de escuelas de la ciudad también fue víctima de falsos avisos; como Inmaculada, Bustos, San Roque, Zapata Gollán, Domingo Guzmán Silva; y otros establecimientos educativos como la Universidad Católica de Santa Fe (justo en el día de su aniversario), el Instituto de Educación Física n° 27 y la escuela de enfermería, entre otras.

 

 


En relación a las amenazas en las escuelas se puede decir que en los meses donde no se dictan clases (enero, febrero) y a principio del ciclo lectivo (marzo) no se registraron llamados. Distinto es el caso de la finalización del semestre (mayo y junio) donde se recepcionaron 47 avisos entre mayo y junio.

 

 


Operativos e investigación


Concretado el intimidante llamado telefónico, las fuerzas de seguridad implementan un protocolo de actuación que consiste en la concurrencia de personal especializado en explosivos y el inmediato desalojo de todo el personal de la institución (docente y alumnado). Posteriormente, se hacen tareas de verificación del inmueble que demanda entre una y dos horas. Cabe señalar que de los operativos también participan agentes policiales de la Comisaría de jurisdicción, bomberos y la Agrupación Cuerpos, entre otros. Una vez confirmada la falsedad de la denuncia, toma cartas en el asunto la Policía de Investigaciones de Santa Fe para determinar el origen de la comunicación y la persona responsable de la misma.


En diálogo con El Litoral, Mario Monzón (Jefe de la PDI) explicó que desde un primer momento se pone en conocimiento a la Fiscalía, que dispuso que el Dr. Apullán sea el fiscal encargado de este tipo de casos. “Nuestro trabajo se basa en pedido de informes a la empresas de telefonía celular y fija. Cuando el llamado es directo al 911 queda registrado el número. La tarea es determinar la titularidad de la línea, si son mayores o menores lo confirmamos en el avance de la investigación”, señaló Monzón. Cabe destacar que en la mayoría de los casos, los autores de los llamados son menores de edad, adolescentes de entre 13 y 17 años. Por ende, se la da intervención a la Justicia de Menores.

 

 

 


“Se le forma causa al menor en el caso que sea imputable (16-17 años) por el delito de ‘Intimidación publica’ que tiene una condena de entre dos a seis años de prisión, según el Artículo 211 del Código Penal”, explicó el Jefe de la PDI. Al mismo tiempo, Monzón aseguró que “en la mayoría de los casos se termina sabiendo quién es el responsable. Más allá que los chicos tengan chips comprados en un kiosco, con el Imei del teléfono celular se puede detectar el origen de la llamada”.


Finalmente, el Jefe de la PDI reconoció que es un “trabajo que lleva tiempo, porque hay que entrecruzar datos y revisar cámaras de seguridad; todo por una broma”.

 

Por Arriba Santa Fe, Hernán Ferrero (Jefe de brigada antiexplosivos) explicó en detalle cómo son los procedimientos. 

 

 


Sanciones



Entrevistada por El Litoral, la ministra de Educación Claudia Balagué explicó que se ha logrado un trabajo articulado entre la cartera que ella encabeza y los Ministerios de Seguridad y de Justicia provincial para darle a esta problemática un abordaje más general.


En este sentido, la funcionaria explicó que se elaboraron dos tipos de sanciones dentro del ámbito de la escuela. “Nos reunimos con las escuelas que sufrieron amenazas (en las ciudades de Santa Fe y Rosario) y acordamos para los chicos una especie de trabajo comunitario: de reparación de la escuela, de ayudar a compañeros en contraturnos y otras propuestas que surgieron de las mismas escuelas y las vamos a apoyar”, señaló Balagué.

 

 


Por otra parte, la ministra aseguró: “Vamos a trabajar con el Ministerio de Seguridad para elaborar una demanda civil que es la que requiere un resarcimiento económico”.


Al ser consultada por las razones o motivos que tienen quienes realizan estas bromas de mal gusto, Balagué sentenció: “Fue un efecto contagio. Suele pasar por cuestiones que se transmite entre los propios estudiantes por redes sociales y los medios de comunicación”. Finalmente, agregó: “Por otro lado, la no conciencia de no saber que todo implica movilizar fuerzas de seguridad, de bomberos y especialistas. Dejan de ser una broma cuando adquieren cierta magnitud”.


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