Luis Rodrigo
En el Senado santafesino
La sequía y un masivo pedido de informes
Con la firma de catorce de los diecinueve senadores que componen la Cámara alta santafesina, se aprobó este jueves un pedido de informes sobre la sequía y la declaración de emergencia, impulsado por el jefe del oficialismo, Felipe Michlig (UCR-San Cristóbal).
El texto es extremadamente cuidadoso al demandar información al Poder Ejecutivo sobre cuál es la situación de cada departamento, aunque lo requiere “con carácter de urgente”, expresión que -además de su preocupación por las malas condiciones climáticas- invitó a los senadores del justicialismo a acompañar con sus firmas el expediente.
Es obvio que los senadores de ambos bloques conocen qué departamentos y cuán afectados están sus productores por la sequía. Pero entre las posibilidades con que cuentan los legisladores durante el período extraordinario de sesiones (cuando no pueden impulsar leyes), los pedidos de informes forman parte de lo poco que pueden hacer: despertar los titulares de los diarios.
La minuta pregunta sobre “los departamentos o localidades a ser declarados en emergencia y/o desastre agropecuario como consecuencia de la sequía que afecta a la Provincia de Santa Fe, en el marco de la ley N° 11.297, y conforme las evaluaciones y sugerencias formuladas por la Comisión Provincial de Emergencia Agropecuaria en la reunión convocada a tales fines el día 05 de marzo de 2018”.
También importan los términos en los que se hizo el pedido. El oficialismo mostró que se han dado los pasos necesarios para que el tema avance y la oposición reclamó manos a la obra.
De paso, unos y otros recordaron que toda la asistencia al campo santafesino -que tanto aporta al ingreso de divisas en el país- no cuenta con la asistencia nacional.
Hubo entonces un nuevo capítulo de “Y el poncho no aparece”. Otra vez justicialistas, socialistas y radicales frentistas recordaron que la Nación había comprometido una asistencia financiera crediticia (un préstamo) para sumarse a la emergencia hídrica por inundaciones de 2016 que todavía no se terminó de cancelar.
La promesa de la Casa Rosada fue por $ 250 millones pero sólo arribaron dos cuotas de $ 50. “Todavía no se han girado $ 150 millones”, advirtió Rubén Pirola (PJ- Las Colonias), y Michlig completó: “resulta que nos deben $ 50 mil millones de coparticipación y nos dan en cuentagotas un préstamo por 250...”, lamentó.
Alcides Calvo (PJ-Castellanos) pidió a cada nivel de gobierno hacer lo suyo: “Creo que si cada uno se encargara de ocuparse de lo que le corresponde al país le iría mejor y a la provincia, también”, señaló.
Sanción definitiva
Sobre tablas y sin debate, el Senado completó la sanción de dos normas habilitadas por el Ejecutivo que ya habían pasado por Diputados.
Se trata de sendos proyectos de la Cámara baja, que debieron ser vetados y luego corregidos por contener graves problemas en su texto original.
Uno de ellos cambia un inciso del Código Fiscal de la provincia sobre la Patente para vehículos destinados al uso exclusivo de personas con discapacidad, y el otro para enmendar un error deslizado el año pasado al votar exenciones para las asociaciones de bomberos voluntarios.
El primero fue elaborado por la diputada Clara García (PS) y determina que la exención del pago regirá “desde la fecha de inscripción del vehículo en el Registro de la Propiedad Automotor y de Créditos Prendarios de la Provincia de Santa Fe, previa acreditación de la vigencia del Certificado Único de Discapacidad (CUD), otorgado por el Ministerio de Salud de la Provincia de Santa Fe, a dicha fecha”.
El segundo, de Eduardo Di Pollina (PS), cambió una cifra clave. La ley aprobada por segunda vez exceptúa a los cuerpos de bomberos del pago de hasta 2.000 kilowatts bimestrales. El año pasado se había limitado a unos 5.000 watts, una cantidad insignificante.
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