Del "acuerdo político" al "acuerdo de voluntades"

Néstor Belini | redacció[email protected]

El juez Federal Nº1 de Paraná, Leandro Ríos, sostuvo en el procesamiento del intendente de Paraná por la Alianza Cambiemos, Sergio Varisco, y de los integrantes de la organización que lideraría Daniel Tavi Celis, que “entre el 1 y el 5 de septiembre de 2017 Varisco, Celis, (el concejal de Cambiemos, Pablo) Hernández, celebraron un ‘acuerdo de voluntades’ a través de Lemos (Luciana, ex pareja de Celis) cuya finalidad era proporcionar recursos económicos periódicos para que la organización de Celis pueda adquirir y comercializar material estupefaciente, pese a que éste se encontraba privado de su libertad, manteniendo la vigencia de la organización y soportando en consecuencia parte del costo operativo que demandaba la misma, lo que en términos de autoría y participación importa el financiamiento para la adquisición y comercialización de estupefacientes”.

Desfinanciamiento

El motivo de aquel “acuerdo de voluntades” estaría en el inicio de la causa conocida como Avioneta narco, en la cual 20 personas sindicadas como integrantes de la organización de Celis, fueron detenidas como consecuencia de un operativo que frustró, en mayo de 2017, el desembarco en Paraná de más de 317 kilos de marihuana. Según Ríos, este golpe a la banda le generó un grave problema de financiamiento, por lo que Varisco y Celis debieron redefinir el “acuerdo político” original, transformándolo en uno “de voluntades” y “secreto”, que “consistía en la entrega regular de 50.000 pesos en efectivo –por interpósitas personas– a Celis, todos los meses antes del día 15 y hasta finalizar la actual gestión del Intendente, mediante el desvío de fondos municipales discrecionales y la suscripción de contratos de obra y servicios simulados con allegados a la organización liderada por Celis”. Esta causa ya se elevó a juicio. El 3 de julio de 2017 se procesó a los 20 imputados y la resolución fue confirmada por la Cámara Federal de Apelaciones.

Además, Ríos agregó que “en el contexto de la relación patrimonial relatada, dicho acuerdo incluyó la adquisición del estupefaciente –cocaína– a un precio diferencial, con la finalidad de ser distribuido en la campaña electoral 2018/2019, al menos en las ciudades de Paraná, Concordia y, eventualmente, en la ciudad de Nogoyá”.

Narco-criminal

En el punto “c” del procesamiento de Varisco, sus funcionarios, y de Celis y su organización, Ríos enumeró lo que definió como los “hechos, circunstancias y relaciones previas”. Allí, tras señalar que la causa por la Avioneta narco “fue elevada a juicio al Tribunal Oral en lo Criminal Federal de esta ciudad para su juzgamiento, formándose el Legajo de investigación en orden a preservar la información que se fuera obteniendo de los imputados ya detenidos hasta ese entonces y teniendo en cuenta que, por aplicación de los principios de preclusión y progresividad de la instrucción, la materia de imputación que se conformara a partir de allí, constituiría un hecho diferente”, entendió que “en dicha resolución, se tuvo por acreditada la existencia de la organización narco criminal liderada conjuntamente por los hermanos Celis, la cual contaba objetivamente con un aporte estratégico desde el preciso momento en que Daniel Andrés “Tavi” Celis, secundado por Cristian Javier Silva, logró celebrar un acuerdo de índole ‘política’ con Sergio Fausto Varisco, asistido por Pablo Hernández, quienes luego serían electos Intendente y Concejal de la ciudad de Paraná, respectivamente, cargos que ocupan en la actualidad. Dicho entendimiento tenía por objeto coordinar determinadas acciones de campaña electoral durante el año 2015, las cuales fueron asumidas por el Movimiento Vecinal Oeste (MVO) dirigido por el propio Daniel Andrés ‘Tavi’ Celis bajo un formato similar al de los PAC´s (Political Action Committees)”.

Vital

Ríos está convencido de que de la investigación surge que “en definitiva, quedó plasmado en la instrucción judicial una peligrosa relación entre las actividades políticas electorales y el negocio ilícito de tráfico de estupefacientes, dado que las condiciones políticas institucionales y económicas resultan de vital importancia para el desarrollo y crecimiento del narcotráfico y esta afirmación no es dogmática o general, sino que quedó evidenciada y acreditada suficientemente en la investigación”. Además, señaló que “es sabido que no es patrimonio exclusivo de un candidato determinado o de un partido o alianza específica esta clase de roces y/o vinculaciones demostradas” lo que, según conocedores de la dinámica del fuero Federal, sugiere que podría haber novedades respecto de las posibles vinculaciones de figuras políticas de otra filiación, en este tipo de delito.

Inserción

Ríos hizo una breve descripción de la gravedad institucional que significa la instalación de estructuras criminales en el seno del Estado, más aún las vinculadas con el narcotráfico: “La narco­criminalidad requiere de su inserción institucional para progresar y, en particular, aspira a copar los primeros niveles de gobierno, es decir municipalidades y juntas de gobierno. Es un dato incontrastable la cantidad de empleados de dichas reparticiones, en las distintas municipalidades alcanzadas por la jurisdicción y de diferentes administraciones políticas, que han sido procesados por esta clase de delitos en el Juzgado Federal Nº 1 de la ciudad de Paraná en distintas causas. No es casualidad que el financiamiento político en los niveles municipales y de la Provincia de Entre Ríos carezca de toda normativa y aún hoy en el siglo XXI sea advertido como un ámbito especial e interesadamente desregulado, descontrolado y oscuro”.

Conspiración

Desde la defensa del intendente de Cambiemos se cuestionó que Ríos no interrogó a Celis en ocasión de ofrecerse a ampliar su declaración indagatoria, el mismo día que aquel procesó a Varisco y sus cuatro funcionarios. La clase para entender la actitud del juez que escuchó a Celis residiría en la contundencia de las numerosas escuchas que forman parte del expediente. En este sentido, como muestra basta sólo una en la que el magistrado señala: “Así, resulta esclarecedor el mensaje de texto del legajo de investigación: ‘X fin una buena arregle con el intendente’, pues se hace alusión directamente a Sergio Fausto Varisco y no a sus colaboradores”.

Ríos entendió que “el elocuente mensaje fue remitido por el propio Daniel Andrés (Tavi) Celis a Fernanda Orundes Ayala, procesada en la causa donde se interceptara la avioneta el día 28 de mayo de 2017”.

Finalmente, Ríos destacó “la veracidad de este hallazgo probatorio, adquirido mediante una requisa regular del servicio penitenciario en la Unidad Penal Nº 1 de Paraná el día 6 de septiembre de 2017, es decir al día siguiente en que se enviara aquello que Celis considera ‘…una buena…’”. Dicho mensaje fue eliminado por el propio Celis de manera inmediata a ser enviado pero, sin embargo, el texto original fue recuperado gracias al aporte tecnológico del Laboratorio de Informática Forense del Ministerio Público Fiscal de la Provincia de Entre Ríos. Ello echa por tierra cualquier suposición conspirativa de Celis en contra de Varisco, pues Celis realizó concretas acciones tendientes a ocultar la celebración del arreglo o acuerdo con el Intendente”.