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“(Los ministros) tendrán menos de lo que han solicitado, mucho menos”. La advertencia que el titular de Economía, Ángel Sciara, formulaba ante El Litoral hace diez días, retumbó en todos los despachos de los miembros del gabinete. Según había dicho Sciara, las pretensiones de sus pares para el presupuesto 2010 superaban en “5 mil millones de pesos” la disponibilidad real de recursos que tendrá Santa Fe el año próximo.
En el transcurso de la semana, los responsables de distintos ministerios reconocieron -y se preocuparon- por los ajustes que se vienen produciendo en sus respectivas áreas. Uno de ellos fue el ministro de Salud, Miguel Ángel Cappiello. Consultado por El Litoral, admitió que “el techo” que impuso Economía a la repartición fue de “un 25 % más” de lo que se gastó en 2009.
“Nosotros enviamos un pre-proyecto con lo que considerábamos necesario, pero Economía advirtió sobre ese límite. No obstante -señaló-, vamos a ir a discutir un poco más para tratar de que el presupuesto se aproxime a lo que entendemos que nos permitiría trabajar con alguna soltura, sin tener que pasar las dificultades que tuvimos este año”.
Concretamente, Cappiello dijo que Salud pidió para el año que viene “500 millones de pesos más” que los asignados en 2009, pero sólo le autorizaron entre 200 y 280 millones. “No es poca plata lo que se recorta”, admitió el ministro en alusión a los 300 millones que quedan afuera. Según anticipó, este ajuste implicará “menos bienes de capital, menos bienes de consumo, y en algunos casos, ir más despacio en la incorporación de los recursos humanos que necesitamos”, afirmó.
En Justicia
Otro de los funcionarios que contó su experiencia fue el ministro de Justicia, Héctor Superti. En diálogo con El Litoral, dijo que el principal objetivo de su cartera el año que viene es la transformación del sistema de enjuiciamiento penal.
“Tenemos absolutamente claro que los objetivos políticos del Ministerio dependen de un presupuesto acorde a ellos; ese presupuesto podrá variar en más o en menos y eso redundará en un avance más o menos rápido de la transformación”, sostuvo. Superti fue categórico: “Tener o no estos recursos depende de una decisión política porque, si bien se habla de estrechez de fondos, fondos hay. Entonces, el tema es las prioridades que se determinan a nivel político, concretamente, a nivel del gobernador”, sentenció.
El ministro advirtió que “el flujo de fondos tendrá una repercusión directa en los tiempos” en los que se lleve a cabo la reforma del sistema penal. “En este diseño, uno no puede recortar organismos; lo que puede hacer es ponerlos en funcionamiento en más o menos tiempo. Si los fondos son razonables, creemos que en un año se pueden cumplir todos los objetivos que permitan que el nuevo sistema funcione. De lo contrario, la reforma se extenderá en el tiempo. Se trata básicamente de un problema cronológico”, opinó.
Según comentó, el anteproyecto de presupuesto que elevó su cartera a Economía contempla básicamente gastos de funcionamiento del nuevo sistema penal. “Esto es, salarios, alquileres y otros gastos menores.
Armamos una grilla de cómo quedarían el Ministerio Público de la Acusación y el Servicio Público de la Defensa, a partir de los cargos creados por las leyes ya votadas. Si hay recortes, todo este armado se lentificaría en el tiempo porque hay que armar de arriba para abajo.
Todos estos cargos -insistió- han sido creados por leyes ya aprobadas, pero necesitamos el soporte presupuestario. De ese presupuesto surgirán los cronogramas concretos para la aplicación del nuevo Código”.
Obras Públicas
También el ministro de Obras Públicas, Hugo Storero, relató cómo impactará la directiva de Economía. Reveló que su cartera había preparado un plan A o “de máxima”, que representaba un incremento del 60 % respecto del presupuesto de 2009. “Esto implicaba el pleno desarrollo de la obra pública que está en marcha, más otras que están por licitarse. Preveía avances de planes de trabajo sin ningún tipo de recortes. Después, hicimos un plan B más prudente -admitió-, que tiene en cuenta la posible reprogramación de las obras aunque sin detener ninguna de las que está en proceso de ejecución. Con este plan B superamos en un 25 % el presupuesto de 2009, de modo que estaríamos dentro de los parámetros que Economía nos puso como techo”.
Storero aseguró que, con el Plan B, “no habrá ninguna alteración con las obras que están en marcha, pero tendríamos que ver cómo encajan las nuevas, que estarían afectadas con futuras reprogramaciones”, concluyó.