Binner reclamó ante la Corte que la Nación descuente menos

Por Emerio Agretti (enviado especial)
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Escasos minutos después de la hora fijada, de cara a la totalidad de los ministros de la Suprema Corte de Justicia y ante una sala de audiencias totalmente colmada, en buena medida por dirigentes y legisladores de todos los partidos políticos, incluyendo a los ex gobernadores Carlos Reutemann y Jorge Obeid, Hermes Binner inició su exposición para fundamentar el pedido presentado por la provincia en el marco del reclamo contra el descuento del 15 % de coparticipación para el sistema provisional: una medida cautelar para que la mitad de esa suma se libere mensualmente.

Binner expuso sin interrupciones durante la primera parte de los 20 minutos asignados, antes de dar lugar al fiscal Jorge Barraguirre, quien fue el que se sometió al interrogatorio de los miembros del Tribunal. También, después de que expusieran los funcionarios nacionales que concurrieron en lugar del ministro de Economía, Amado Boudou -escudado en impostergables compromisos parlamentarios-, encabezó la réplica, en una modalidad inaugurada por la Corte en esta oportunidad. Según explicó su titular, Ricardo Lorenzetti, por “la complejidad del debate” y su trascendencia institucional.

Fundamentos desde Santa Fe

“El acuerdo que permitió la retención del 15 % para el sistema provisional venció el 31 de diciembre de 2005 y no fue renovado por la provincia. Por lo cual consideramos que la detracción es ilegítima”, disparó. Y a esta ilegimitad de derecho, le agregó otra de hecho: la desaparición de la emergencia provisional fundada básicamente en el desfinanciamiento del sistema por la derivación de los aportes a las AFJP- que se verificaba en 1992 y que ahora muestra la exacta contracara.

“Santa Fe no es igual a otras provincias, tiene una situación absolutamente particular: no firmó la prorroga, está entre las provincias que no transfirieron la Caja y además cumple con la movilidad jubilatoria”, agregó.

El gobernador defendió la vocación de solidaridad federal que asiste a la provincia, pero hizo notar que, en la actual coyuntura, padece los efectos de estas detracciones en su propia situación social. “O unitarizamos y que la Educación y la Salud vuelvan a ser atendidos por la Nación, que es la que concentra los recursos, o transferimos los recursos. De más está decir que nuestra opción es esta última”.

También remarcó que la intención de la provincia no es plantar una bomba en el sistema provisional, sino comenzar a recuperar paulatinamente los fondos. Por eso, la medida cautelar no se remite a la deuda acumulada desde 2006, ni pide que se deje de descontar la totalidad del monto, sino sólo la mitad.

Binner destacó la paradoja de que una provincia “rica” y con inversión creciente, soporte bolsones de pobreza “por debajo de la dignidad humana”, porque se le retacean sus propios recursos. “No queremos judicializar una cuestión política”, dijo, anticipándose a un argumento del Estado nacional, “pero sí pretendemos recurrir a la Corte para resolver un conflicto típicamente jurídico, de un deudor y un acreedor”.

Desde la Nación

El argumento de la Nación para haber prorrogado el descuento a través de la ley Nº 26.078, reemplazando así una ley convenio de derecho interfederal por una simple ley del Congreso -si bien con mayoría especial- es que se recurrió al establecimiento de una asignación específica, habilitada por el Art. 75 inc. 3 de la Constitución Nacional. Y ese cambio -o no- de naturaleza jurídica fue uno de los temas que más atención demandó a los ministros de la Corte, que pidieron precisiones al respecto al fiscal Barraguirre y con el cual pusieron en aprietos a la representante de la Nación, la subsecretaria de Relaciones Provinciales, Nora Fraciarolli.

“El Congreso no creó una nueva situación específica en 2005, lo que dispuso es una prórroga. La Nación está cambiando la naturaleza jurídica de lo que se hizo. No hay una disposición del Congreso dictando una asignación específica. Lo que hizo fue prorrogar una ley de carácter interfederal”, remarcó Barraguirre.

“El argumento de la Nación es como el perro que se muerde la cola. Si era necesario el financiamiento, que se haga un nuevo acuerdo. Y si es una asignación específica, tiene que tener un tiempo determinado”, añadió.