Chaleco reflectante para evitar los motochorros

La diputada Alejandra Vucasovich (Bloque Federal) presentó un proyecto de ley para que se implemente en toda la provincia de Santa Fe, con carácter de obligatorio, el uso del chaleco reflectante con el número de dominio en el frente y el dorso para el conductor y el acompañante de motocicletas, ciclomotores o cuatriciclos, con la previsión de importantes multas para quienes incumplan la norma e incluso la inhabilitación para conducir de hasta 6 meses. El objetivo es mejorar la seguridad de quienes viajan en este tipo de vehículos, en especial por la noche, por un lado, y para prevenir la modalidad delictiva de los motochorros por el otro.

El proyecto incorpora un inciso en el artículo 83 del Código de Faltas de Tránsito de la provincia y la sanción prevista es una multa mínima de 150 U.F. que hoy sería superior a 900 pesos o la inhabilitación para conducir.

En los fundamentos, la diputada provincial destaca la importancia que tiene el chaleco en temas de seguridad vial y la aplicación en Mendoza y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires mientras que en Colombia la medida contribuyó a disminuir modalidades delictivas desde ese tipo de vehículos.

“El fin del proyecto tiende a aportar en la lucha contra los motochorros ya que se podrá controlar de manera más sencilla a quienes utilizan motos. Además, si sumamos el alto porcentaje de hurtos cuyo objeto son ciclomotores y biciclos en general, la identificación del vehículo y su conductor se impone como prioritaria a la hora de impedir el hurto o robo de éstos y su posterior utilización en otros delitos”, destacó la legisladora provincial. “No menos relevante resulta el factor seguridad que viene a completar una mixtura de cuestiones que obligan a los distintos estamentos del Estado a tomar rápida intervención para generar una solución a todos ellos. Utilizando y agudizando el trabajo de la autoridad de control encargada de verificar el cumplimiento de la normativa en cuanto a tránsito y requisitos indispensables para la circulación, se vería una disminución de delincuencia y de accidentes”, añadió.

Emergencia en seguridad pública

Por otra parte, Diputados tuvo el tratamiento preferencial para tres sesiones del proyecto de ley con media sanción proveniente del Senado por el cual se declara la Emergencia en Seguridad Pública en todo el territorio de la provincia de Santa Fe.

Vucasovich resaltó que “hoy por hoy, la principal preocupación de los ciudadanos santafesinos es la inseguridad y no lo decimos nosotros sino que lo marcan todas las encuestas y sondeos de opinión que se realizan en nuestra provincia”. Acotó que “la Emergencia en Seguridad Pública no tiene que ser tomado por el gobierno como un agravio, sino que es nada más y nada menos que dotar al Poder Ejecutivo y al Ministerio de Seguridad, que son los responsables de poner en práctica y delinear las estrategias contra la inseguridad, de las herramientas necesarias para que se actúe rápida y eficazmente en esta cuestión que es un problema más que alarmante”.

Estadísticas

En tanto, y mediante un pedido de informes, la diputada Marcela Aeberhard (Ciento por Ciento Santafesino) solicitó al Poder Ejecutivo que dé a conocer un mapa del delito en la provincia, detallando desde diciembre de 2011 a la fecha la cantidad de delitos denunciados en todas las dependencias de las Unidades Regionales especificando lugar y tipo de delito.

En los fundamentos, remarcó la situación de emergencia en que se encuentra la provincia en materia de seguridad pública, y aseveró que “este informe nos permitirá conocer a ciencia cierta el mapa del delito y visualizar en profundidad este flagelo para focalizar medidas concretas en la prevención”.

La diputada consideró “muy sospechoso que en la página oficial del gobierno de la provincia las estadísticas sobre delitos cometidos fueran del 2008 no habiendo datos actualizados, cuando es de público conocimiento el aumento del índice delictual respecto del año anterior, y con características cada vez más violentas”.

La RTO

A raíz de los altos índices de siniestralidad protagonizados por motocicletas, el diputado Ariel Bermúdez (CC-ARI) presentó un pedido de informes para constatar si se cumple con la revisión técnica obligatoria para esos vehículos. Explicó que “la revisión técnica obligatoria de motovehículos forma parte del ordenamiento jurídico vial de la provincia y se trata de un instrumento que mejoraría notablemente los niveles de seguridad de los santafesinos, por eso queremos saber si se está cumpliendo”. Señaló que el 31% de los accidentes con víctimas fatales involucra motocicletas. Solicitó además se informe sobre la cantidad y ubicación de los Centros de Revisión Técnica Vehicular Obligatoria (CRTVO) y si cuentan con las instalaciones para verificar motovehículos, tal como lo establece el decreto provincial (Nº 0869/09).

Fiscalías en violencia de género

El diputado por Unión PRO Federal, Raúl Fernández, presentó un proyecto de Ley para crear fiscalías especializadas en la investigación de delitos que atenten contra de violencia de género, entendiendo por tal, todo tipo de violencia física o psicológica ejercida contra la mujer, por el simple hecho de serlo.

Dichas fiscalías tendrán competencia exclusiva en esos delitos y las atribuciones en unificación, recepción, investigación, seguimiento, esclarecimiento y ejecución en todos los casos en que se produzca violencia de género.

Propone el proyecto que sean encabezadas por un agente fiscal, nombrado de acuerdo con la legislación vigente para el desempeño de todas las funciones y deberán contar con un grupo de profesionales especialistas en la materia, tales como psicólogos, médicos, asistentes sociales, psicopedagogos, etc., quienes realizarán asistencia técnica y psicológica a las víctimas de delitos vinculados con la violencia de género.

“Entendemos que esta problemática que está creciendo día a día necesita ser atendida de manera especializada, con un fiscal que encabece las investigaciones relacionadas con este tipo de delitos y que cuenten con un grupo de profesionales idóneos para que puedan ayudar a las víctimas, quienes actualmente sienten que no son contenidas por los organismos del Estado para poder salir de esa situación de violencia que a veces puede llevarlas hasta la muerte”, explicó el legislador.