De la Sota también firmó un decreto por la libertad de prensa

Tal como ya ocurrió días atrás con el jefe de Gobierno porteño, Mauricio Macri, el gobernador de Córdoba, José Manuel de la Sota, también plantó ayer una fuerte oposición política a la pretensión del Gobierno nacional de avanzar sobre los medios de comunicación, y en particular sobre el Grupo Clarín, a raíz de las versiones sobre una supuesta intervención oficial a esa empresa.

En ese orden, firmó un decreto –ahora debe ser ratificado por la Legislatura unicameral– que enumera protecciones y amplias garantías para el ejercicio de la libertad de prensa en toda la provincia.

Acompañado por casi todos sus ministros, De la Sota indicó que una acción de este tipo “no sería necesaria en un país normal”; pero a renglón seguido opinó que esa hipótesis ideal no se da en la actualidad, porque en Argentina “está en riesgo la libertad de prensa”.

La presentación se hizo en el Centro Cívico, con la participación de empresarios y referentes de medios.

A lo largo de una decena de artículos, el referido decreto (lo reproducimos en su totalidad en página A9) detalla una serie de protecciones que alcanzan por igual a medios y periodistas de la provincia.

Entre otras cuestiones, se prohíbe cualquier acto, de cualquier naturaleza y autoridad, que directa o indirectamente restrinja, altere o censure libertades constitucionales que tengan que ver con la expresión de ideas; se prohíben además actos administrativos que signifiquen intervención, desapoderamiento, designación de administradores o veedores que tiendan a controlar medios o su participación social.

De igual modo, la norma legal limita las ejecuciones forzosas sobre bienes de periodistas y/o medios de comunicación, por deudas derivadas de la actividad de prensa, y prohíbe las expropiaciones de medios, como también de participaciones societarias.

A diferencia del instrumento legal que dispuso Macri en Capital Federal, y sobre el cual recayeron ya impugnaciones y presentaciones judiciales del kirchnerismo para que no avance, el que determinó De la Sota no contempla la creación de ninguna nueva instancia jurídica particular para atender cuestiones de prensa.

En Capital Federal sí se propone un fuero específico, a crearse en el próximo mes.

El texto local marca que ninguna norma nacional, provincial o municipal, cualquiera fuere su materia, puede restringir, censurar o alterar la libertad de expresión, y que en tal caso serán “inaplicables dentro del territorio provincial”. Todo acto que suponga lo contrario será “insalvablemente nulo”, remarca.

“Quien teme a la libertad se ocupa primero de limitar la libertad de prensa. No es el caso de Córdoba. No tenemos nada que temer, ni esconder. Todos saben que nunca he tenido una prensa adicta, al contrario. La relación con los medios debe ser de respeto y tolerancia”, machacó el gobernador, tratando de diferenciarse de la Nación.

Embate político. Al margen de los alcances del decreto, De la Sota arremetió duro contra el kirchnerismo. Les endilgó a representantes del Gobierno nacional “intentar perturbar” la paz social en la Provincia, al vincular a sus militantes –por ejemplo– con recientes usurpaciones de tierras “con el único objetivo de crear caos y sembrar escándalo”.

También inscribió en el marco de esos supuestos ataques al reciente desembarco de un funcionario nacional que denunció violaciones a los derechos humanos en la Penitenciaría de barrio San Martín.

“Eligieron a Córdoba como su campo de batalla y nosotros pelearemos para ponerles límites. Lo vamos a hacer sin lesionar ninguna libertad, menos aun la de prensa”, advirtió el gobernador, tras llamar a resistir “la tentación hegemónica” del poder central.

De la Sota anticipó, aunque sin dar más precisiones, que en breve recrudecerá una ofensiva K hacia él y su gobierno. “Recurrirán a la difamación en lo familiar y personal”, vaticinó.

Alertó a los cordobeses respecto de que “verán el más grande aparato de propaganda” contra la Provincia. “Quiero que sepan y estén tranquilos que de la campaña electoral lanzada por el gobierno kirchnerista escucharán a lo largo de estos meses acusaciones falsas, tendientes a desprestigiar a quienes pensamos distinto, porque los que tienen el barro al cuello intentan salpicarnos a todos para diluir sus culpas”, dijo.

Más efecto político que jurídico

El reconocido constitucionalista Gregorio Badeni opinó que, en principio, no cabe plantear reparos constitucionales a decretos como los firmados por Mauricio Macri y José Manuel de la Sota para defender la libertad de prensa, en la medida en que no están haciendo otra cosa que reafirmar preceptos legales ya contenidos en la Constitución Nacional. Al respecto, citó el artículo 32 de la Carta Magna, que marca que el Congreso no puede dictar leyes que restrinjan la libertad de imprenta o prensa. “En cuanto los decretos se limiten a reiterar lo que ya fijan la Constitución o la Convención Interamericana de Derechos Humanos, no cabe hacer observaciones”, dijo Badeni.

Bajo esa misma óptica, el constitucionalista opinó que, en rigor, los planteos de Macri y De la Sota podrían considerarse más como elementos políticos, que jurídicos propiamente dichos. “Se trata de ponerle límites a las acciones políticas del Gobierno nacional”, interpretó Badeni, quien consideró “lógicas” esas iniciativas, al menos en función de la realidad política actual. (LaVoz.com.ar)