El Shutdown, el federalismo y la división de poderes

Por José Curiotto
El Litoral
Desde Estados Unidos

Lo que para el resto del mundo fue quizá una noticia sorprendente y hasta difícil de comprender, dentro de los Estados Unidos se trató de una especie de historia con final cantado.

Desde el día de mi llegada a Washington DC, el 21 de setiembre, el término “Shutdown” se viene replicando en cada conversación. Sólo era cuestión de que la cuenta regresiva llegara a cero, para que el presidente Barack Obama se quedara sin Presupuesto y dispusiera el cierre de todas las dependencias del gobierno federal.

Durante el fin de semana, los canales de noticias transmitieron los debates en el Congreso. Algunos de ellos, protagonizados por apenas un puñado de representantes republicanos que ni siquiera lograron ponerse de acuerdo entre sí.

¿Por qué se ha llegado a esta instancia verdaderamente impensable en países como el nuestro?

En realidad, hace tiempo que esta historia comenzó a escribirse. El proyecto de reforma de salud impulsado por el presidente y conocido en estas tierras como el Obamacare, se convirtió en su momento en “la madre de todas las batallas” para el primer mandatario.

Básicamente establece la obligatoriedad para todos los ciudadanos norteamericanos de contratar un seguro médico. Ni más, ni menos. Sólo en la Florida, existen 3,8 millones de personas sin cobertura alguna.

El proyecto fue aprobado hace exactamente un año y ordenaba que desde el 1 de octubre de 2013, los estadounidenses tuvieran en sus manos la posibilidad de ingresar a Internet y elegir un plan de salud entre decenas de posibilidades. Los hay “de platino”, “de oro”, “de bronce” y otros de menor costo y alcance. Las alternativas varían de un estado a otro y existen multas previstas para quienes no cumplan con este paso.

Pero el ala más conservadora del Partido Republicano nunca pudo digerir aquel triunfo de Obama e insiste ahora en postergar por otro año la implementación del plan. A cambio, estaban dispuestos a aprobar el Presupuesto federal. Pero el presidente dejó en claro que no aceptará ser chantajeado.

Según los conservadores republicanos, este plan acarrea diversos problemas. Por un lado, consideran que obligar a un ciudadano a contratar una cobertura de salud representa un avance sobre las libertades individuales. En otras palabras, dicen que cada uno debería ser libre de tomar la decisión que más le plazca. Incluso, la de no contar con cobertura alguna.

Por otra parte, quienes hoy en día gozan de los mejores y más costosos seguros de salud, temen que la incorporación masiva al sistema de millones de personas termine afectando la calidad de la atención que ellos vienen recibiendo.

En Jacksonville, Florida, tuve la posibilidad de conversar en las últimas horas con un integrante de la Comisión para los Derechos y Libertades de los habitantes de la ciudad, quien fue aún más allá en su lectura: según su opinión, la reacción del ala más conservadora de los republicanos está influida también por esa cuota de racismo que aún perdura en gran parte de la sociedad norteamericana. Obama, el primer presidente negro de este país, paga las consecuencias de pertenecer a una minoría.

De todos modos, vale la pena hacer una aclaración: en un país verdaderamente federal como los Estados Unidos, el alcance y la influencia del gobierno central en la vida cotidiana de los habitantes es bastante limitada.

Por ejemplo, cada estado, cada condado y cada ciudad, tiene su propia policía. La educación está en manos de las autoridades estatales. Los estados aprueban sus propios presupuestos y también cobran sus propios impuestos. Ninguna “aspiradora” absorbe en este país el dinero de los contribuyentes para centralizarlo en manos del Poder Ejecutivo nacional.

Frente a esta realidad, el alcance del Shutdown casi no se percibe en la vida diaria. Salvo para los centenares de miles de empleados del gobierno federal que se encuentran diseminados en todo el territorio, quienes no cobran sus sueldos mientras el Presupuesto no se aprobado en el Congreso de la Nación –los militares sí cobran sus salarios y continúan cumpliendo sus funciones-.

Pero más allá de las complicaciones generadas por esta disputa política y de las influencias de los sectores más conservadores de este país, existe un aspecto para resaltar: la división de poderes verdaderamente existe. La Constitución establece que el presupuesto debe ser aprobado por el Legislativo y, si esto no sucede, los otros poderes deben aguardar que el problema se resuelva.

¿Qué sucede en la Argentina frente a una situación similar?

La respuesta es muy simple: el presidente gobierna con el presupuesto del año anterior, redireccionando partidas a su antojo y sin control alguno.

El respeto a ultranza de la división de poderes acarrea sus costos. Sin embargo, la centralización del poder de manera casi absoluta en una sola mano, tampoco es gratuita.

En definitiva, no hay sistema perfecto. Sólo se trata de decidir cuáles son los costos que una sociedad está dispuesta a pagar. Y a partir de allí, es imprescindible asumir las consecuencias.