El Liberal es el diario tradicional de Santiago del Estero, con una trayectoria casi centenaria vinculada con los ideales que su nombre consigna. Queda claro que, en una provincia manejada por un gobernador que ejerce el poder por quinta vez, y en esta ocasión, acompañado por su señora esposa, un periódico decidido a defender la libertad de prensa en el marco del estado de Derecho, tarde o temprano comienza a tener conflictos con el poder.

En efecto, en estos momentos El Liberal ha sido querellado por la rama femenina del Partido Justicialista de la provincia, porque las integrantes de este nucleamiento estiman que han sido ofendidas por el diario. Además de la querella, el periódico -dirigido por Julio César Castiglione- debe soportar presiones económicas, retiro de la publicidad oficial (como si estos dineros perteneciesen al patrimonio personal o político del gobernador), amenazantes llamadas anónimas y ataques contra los periodistas.

Las críticas que El Liberal hace a los excesos del gobierno de Juárez, a sus cotidianos atropellos institucionales, habituales corruptelas y conocidas censuras, han dado lugar a una serie de represalias por parte del poder, que ahora se completan con esta querella promovida por la rama femenina del justicialismo.

También La Voz del Interior, el diario de la provincia de Córdoba, ha sido víctima del autoritarismo de la pareja gobernante. Amenazas a los canillitas, presiones a dueños de kioscos y declaraciones ofensivas a cronistas y empresarios de prensa dan cuenta de una actitud que no puede confundirse con la casualidad.

Corresponde a las instituciones de Santiago del Estero dar una respuesta a esta suma de irregularidades; sin embargo, los actuales funcionarios del gobierno deben saber que la provincia no es una isla y, por lo tanto, su legalidad no puede estar reñida con la que defiende la Constitución Nacional.

Lo que sucede en Santiago del Estero no es muy diferente de lo que ocurre en la provincia de Tucumán, donde el diario La Gaceta recibe permanentes ataques y agresiones por parte del gobierno o de patotas regidas por el oficialismo. No hace mucho tiempo, una banda de malvivientes secuestró la edición del diario y hasta se permitió agredir físicamente a quienes lo habían comprado minutos antes. Algo parecido ocurre en la provincia de San Luis, adonde la familia Rodríguez Saa gobierna desde 1983 y cuyos miembros se han constituido en amos y señores de la región.

Como se puede apreciar, no es casualidad que el atraso provincial vaya acompañado por caudillos autoritarios que disfrutan de riquezas gracias a los beneficios del erario, y se sostienen en el poder mediante políticas ``clientelísticas" y recurrentes atropellos a las libertades.

Tampoco es casualidad que el principal objetivo a someter por parte de estos regímenes despóticos sea la prensa, en tanto y en cuanto estos diarios de tradicional linaje republicano denuncian los excesos del poder, sus conocidas corruptelas y la relación inversamente proporcional entre dirigentes multimillonarios y vecinos cada vez más empobrecidos.

Un debate que tiene pendiente la Argentina para un futuro no muy lejano es acerca de la viabilidad de ciertas provincias gobernadas por caciques feudales que se apropian de los recursos de la coparticipación para beneficio propio y a las que, con demasiada frecuencia, el Estado nacional debe asistir. Proclamar el federalismo para sostener relaciones feudales internas y después mendigar dineros del Estado nacional es un recurso reñido con lo que pensaron los padres fundadores cuando imaginaron una república democrática, representativa y federal.