Los gobernadores justicialistas estaban reunidos este mediodía en la sede del Consejo Federal de Inversiones discutiendo la posición que se adoptará ante las nuevas medidas económicas anunciadas el pasado viernes por el presidente y el ministro José Luis Machinea ante los empresarios de IDEA, y que el gobierno nacional necesita implementar lo más rápido posible para darle una señal a los mercados.

Antes de ingresar a la reunión, los gobernadores Ruckauf, De la Sota y Kirchner reiteraron su preocupación por la gravedad de la situación social en el país y reclamaron "garantías" de que se atenderán las necesidades con urgencia.

El cordobés José Manuel De la Sota reclamó la puesta en marcha de un seguro de desempleo para jefas y jefes de hogar, y subsidios para las personas que viven por debajo de la línea de pobreza, al advertir que "no se puede poner en marcha la economía sin tener paz social" y reclamó la "atención ya" de aquellas personas que están por debajo de la línea de la pobreza.

Al ser consultado sobre de dónde podrían salir los fondos para ese programa de desempleo, dijo que "si los organismos internacionales están dispuestos a dar diez mil millones de dólares, bien podrían destinar once mil".

En otro orden, el mandatario justicialista dijo que todavía no se puede hablar de un "acuerdo" con el gobierno nacional en torno al paquete de medidas, al afirmar que todavía "no lo hemos analizado".

Por su parte Carlos Ruckauf insistió en que el gobierno nacional "está en una situación que podría decirse al borde del precipicio" pero reiteró que "nosotros no vamos a hacer nada para empujarlo".

Afirmó que los gobernadores del PJ "más bien tenemos buena voluntad para considerar las medidas que propone" el presidente, "pero también tienen que escucharnos".

Ruckauf se pronunció en contra del aumento de la edad jubilatoria para las mujeres y sostuvo que "el criterio debiera ser el opuesto, es decir, permitirle que se jubile antes para favorecer el ingreso al mercado laboral" de otras personas.

Ruckauf recordó que él mismo venía formulando la propuesta de jubilación anticipada precisamente para alentar el empleo de la gente que se va incorporando al mercado laboral mientras subsiste la alta desocupación y la falta de reactivación económica.

Finalmente el gobernador de Santa Cruz, Néstor Kirchner, consideró indispensable "implementar políticas sociales que satisfagan la necesidad de veinte millones de argentinos, que son los que están quedando excluidos de este modelo económico".

Sostuvo además que "hay un país que se está sumergiendo" y advirtió que "se está tratando de insertar la idea de que los gobernadores somos unos irresponsables, cuando en realidad lo que debe hacerse frente a los conflictos sociales es no cerrar los ojos y no tratar de durar de cualquier forma en un cargo, sino de gobernar".

Kirchner sostuvo que "congelar todo el gasto primario y de las provincias por cinco años no es posible". "Yo tengo diferencias con este plan económico, incluso con el del gobierno anterior", dijo Kirchner, quien señaló que "el ministro Machinea, no puede decirnos que es `esto o el caos' ".

Carlos Reutemann llegó a la sede del CFI un rato antes que los demás gobernadores y no habló con los periodistas, decisión que también había adoptado en Santa Fe antes de viajar esta mañana. Previo a su ingreso estuvo con el diputado Oscar Lamberto analizando el paquete de medidas.

La posición del gobernador provincial es contraria a la firma de un nuevo acuerdo federal con las provincias por cinco años, porque su mandato termina en el 2003 y además reclamó que antes se cumpla con el actual acuerdo firmado a pedido del gobierno nacional cuatro días antes de asumir, particularmente en la cuestión del déficit previsional provincial, porque la Nación se debe hacer cargo del 20 % del año próximo.

Los cambios que se introducirán en el sistema previsional estaban siendo analizados esta mañana por técnicos del gobierno nacional, dándole los últimos retoques a la letra chica del proyecto, ya que sólo se habían conocido por el momento, y a grandes trazos, las principales medidas.

Lo que sí estaba claro es que De la Rúa tenía previsto implementarlo a través de un decreto de necesidad y urgencia, que firmará entre hoy y mañana, ya que la mayoría de los legisladores no estarían dispuestos a votarlo y no pasaría el filtro del Congreso.

Además, el gobierno nacional necesita mostrar a la brevedad alguna señal a los mercados y a los organismos financieros internacionales, que tienen a consideración el monto que se le prestará al país y que servirá para montar el blindaje financiero.

A partir de la fecha de entrada en vigencia, se elimina la Prestación Básica Universal (PBU), por la cual el Estado le garantiza a los jubilados un ingreso mínimo de 200 pesos mensuales. Los que hoy la cobran, seguirán haciéndolo.

El Estado garantizará un ingreso mínimo de 300 pesos para todos los jubilados a partir de la entrada en vigencia de la nueva ley.

Los nuevos trabajadores que se incorporen al mercado no tendrán derecho a elegir entre jubilación estatal o privada, sino que deberán obligatoriamente afiliarse a una AFJP. Quienes actualmente están en el sistema estatal de reparto y deseen mantenerse en el mismo, podrán hacerlo.

La edad jubilatoria de las mujeres pasará de 60 a 65 años y será gradual a partir del 2002, donde cada dos años se incrementará en uno la edad para jubilarse.

Las AFJP sólo podrán cobrarle a sus afiliados una comisión variable, que será un porcentaje del monto del salario, eliminándose la parte fija de la comisión.

El personal de las Fuerzas Armadas y de Seguridad, que hasta el momento aportaban al Instituto de Ayuda Financiera, irán al sistema de capitalización de las AFJP.

Las pensiones graciables tendrán un tope de 120 pesos mensuales.

El jefe del bloque de senadores justicialistas, José Luis Gioja, ratificó hoy que los gobernadores y el Partido Justicialista en general "quieren apoyar al gobierno", pero aclaró que antes será necesario acordar "la letra fina" del pacto que el Poder Ejecutivo propuso a las provincias para congelar el gasto en los próximos cinco años.

"La visión es que los gobernadores de provincia y el peronismo en su conjunto están, por lo menos, definidos respecto de que quieren apoyar al gobierno en esta coyuntura difícil", comentó Gioja al ingresar al CFI para participar de la reunión que definirá la posición de los mandatarios provinciales frente al nuevo paquete de medidas.

Sin embargo, para el legislador "hay que terminar de acordar, que es lo que se está haciendo en la mañana de hoy, cuando los gobernadores, que son los responsables de sus provincias, tienen que, obviamente, ver la letra fina del acuerdo que se propone".

Justificó esa cautela en que "se está hablando, nada más ni nada menos, de los recursos que las provincias van a tener en los próximos cinco años, según la propuesta del PEN" y advirtió que "éste no es un tema menor".

Señaló la necesidad de "tener todos los cuidados posibles" antes de acordar algo, pero insistió que "el PJ tiene una postura de, como lo dijo un gobernador ayer (por el bonaerense Carlos Ruckauf), no empujar a nadie".

Ante una pregunta, Gioja dijo que "el planteo que hace el Poder Ejecutivo es que la Economía está absolutamente en crisis, que estamos prácticamente al borde de una crisis de mercado", pero aclaró que "no son los gobernadores, ni el PJ, los principales responsables de esta situación que hoy vive la Argentina".

Recordó que "los gobernadores ya dieron su apoyo a este gobierno cuando firmaron a fines del año pasado un acuerdo federal que ellos cumplieron, y de hecho están aportando casi 1.000 millones de pesos, y la Nación -afirmó- no ha correspondido con lo que tenía que poner".

"De todas maneras, creo que existe voluntad", ratificó Gioja, refiriéndose a un eventual apoyo justicialista a las medidas anunciadas el viernes. (DyN).