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Tropezón del Plan Lote
La mayoría justicialista de la Cámara de Diputados debió pedir la vuelta a comisión de un proyecto firmado por toda la bancada, para prorrogar la vigencia de la ley 11.592, que refiere al llamado Plan Lote y modificando tres artículos de la norma sobre la declaratoria de utilidad pública y expropiación de terrenos destinados al ordenamiento territorial en barrios carecientes de Santa Fe y Rosario.
El proyecto había sido despachado por tres comisiones, en las tres únicamente con las firmas de los representantes justicialistas, y era el primer tema del orden del día de la sesión del último jueves. Roberto Cané, presidente de la Comisión de Vivienda y Urbanismo, ya había fundado el proyecto en el deber de darle solución a la gente desamparada. "No dejaremos a la gente más desprotegida de lo que hoy se encuentra" aseguró.
En cambio, desde enfrente, los argumentos del demoprogresista Carlos Favario advirtieron acerca de los inconvenientes del texto, especialmente por ya estar vencida la ley 11.592, amén de la falta de partidas presupuestarias para expropiar terrenos en Santa Fe y Rosario. Además de los argumentos legales, que debió atender el oficialismo para no cometer un yerro legal, Favario recordó que es la duodécima prórroga que se intenta hacer, y acusó a los sucesivos gobiernos de "venderles a la gente más humilde promesas que nunca se concretan. No puede haber prórroga porque la ley está vencida, murió" afirmó el demoprogresista desde su banca.
Código Procesal Penal
Diputados dio media sanción a la reforma del artículo 230 del Código Procesal Penal, que refiere a la custodia o depósitos de cosas o efectos secuestrados y puestos a disposición de la Justicia, autorizando a municipios y comunas a hacerse de autos y camiones secuestrados y no reclamados.
La iniciativa había sido propuesta por el justicialista Pedro Giardino y apunta a los automotores con más de seis meses de secuestrados y "sin mediar reclamo del propietario o de otras personas que aleguen derechos sobre los mismos, podrán ser solicitados en carácter de depósito por el Poder Ejecutivo de la provincia, con destino al servicio policial, o por las municipalidades o comunas, que se encuentren en la circunscripción judicial del distrito interviniente".
En ambos casos, la autorización judicial será provisoria y revocable, renovable anualmente y con cargo de afectar el automotor exclusivamente al cumplimiento de la función de policía de seguridad o a las funciones propias de las municipalidades o comunas.
