Para los empresarios de las líneas de colectivo, el proyecto elaborado por la Secretaría de Servicios Públicos del Municipio los "aisla de la legalidad establecida por contrato celebrado en 1995, empuja irremediablemente a la quiebra y obliga en forma encubierta al despido de más de 200 empleados".

El otro grupo empresario, que encabeza Rubén Tocci, estaría por suscribir la nota en las próximas horas.

"Después de seis años de incumplimientos municipales necesitamos un verdadero remedio y no una poción mágica que nos haga creer que nuestro problema es psicológico y que se soluciona con sugestionarnos que el boleto vale $ 0,70. El nuestro, está de más decirlo, es un problema económico creado por la tarifa irreal con respecto al costo del servicio que, acumulada en años, nos está incapacitando hasta patrimonialmente", añade el texto.

Advierte más adelante que "el culpable del precio del boleto es el Ejecutivo Municipal, que con políticas de trasladar usuarios a transportes ilegales y con gratuidades injustificadas, eleva cada vez más el costo para la economía familiar de menores ingresos". Admiten que soluciones hay "pero deben partir de un diagnóstico serio y medidas acertadas, dos cosas que en cuanto al colectivo se trata faltan justamente en este proyecto".

Ahí termina la nota, pero luego sigue un extenso análisis de la situación que se suscitó en el transporte urbano desde 1994, año de la licitación, hasta llegar al momento actual en que "la desidia y la necedad se van a cobrar a otra presa en esta ya castigada comunidad. El mensaje parece ser, lamentablemente, que el trabajo legal, la inversión comprometida y la confianza en el Estado deben ceder lugar a la chabacanería, la especulación financiera, el trabajo fuera de normas y el exilio definitivo de la esperanza puesta en que una sociedad se transporta de igual modo que se gobierna, seriamente".

En el medio lo que ocurrió es que:

Representantes de dos grupos de empresas de transporte urbano ingresaron hoy una nota dirigida al gobernador Carlos Reutemann en la que plantean la situación por la que atraviesa el sector y le solicitan una audiencia para "abundar en los detalles de nuestra grave situación". Pero además advierten que éste es el "último intento desesperado para que, con el poder político, junto con nosotros, podamos evitar el colapso definitivo de este servicio".

No es la primera noticia que tiene el mandatario provincial sobre el tema: el viernes los directivos de las líneas 5 y 18 ingresaron también una nota en la que también plantaban la situación del transporte urbano, aunque en términos diferentes, haciendo hincapié en la falta de control sobre las distintas modalidades de competencia desleal, y adelantando el "rotundo rechazo" al mensaje 72 que se debate en el Concejo.

En este caso, el documento tiene el aval de los empresarios que explotan el servicio de las líneas 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 14 y 16, y advierte que "este colapso (...) no sólo significará la ruina de varias organizaciones empresarias locales, sino un golpe psicológico brutal para cualquier empresario o industrial santafesino que intente insertarse en igualdad de oportunidades frente a los grandes grupos económicos foráneos".

Manifiestan luego que "nos alienta su irrevocable decisión política de apoyar a la actividad empresarial local a través del `compre santafesino' ", y sostienen luego que "nuestro mayor error ha sido pecar de ingenuos cuando confiamos en una revolución productiva, o en controles efectivos de la competencia desleal, o en el respeto a la inversión que con muchísimo esfuerzo y con el respaldo de nuestro patrimonio realizamos".

También lo imponen de la decisión de algunos bancos respecto de la posible ejecución prendaria sobre los colectivos, y señalan que "somos deudores porque hemos priorizado pagar sueldos y proveedores para no parar la actividad".

Luego de afirmar que lo que piden son "soluciones", admiten que no está en manos del gobernador ni en su jurisdicción "una solución a nuestros problemas", pero apelan a su figura como "vecino de la ciudad y por su innegable influencia y el respeto que genera en nuestras autoridades locales una opinión sobre nuestra desgraciada situación".

El presidente del Concejo Municipal Alfredo Hediger habló sobre la deuda fiscal con la provincia y el municipio, de "muchos" de los empresarios del transporte público por colectivos.

Cuando un periodista le comentó que los empresarios habían pedido el auxilio provincial, requiriendo una audiencia, Hediger disparó: "Seguramente es para explicar cómo van a hacer para pagar la deuda que tienen, que se generó porque muchos de ellos no han pagado un solo impuesto a la provincia ni tampoco al municipio".

Agregó que "el valor de los impuestos estaba calculado en la tarifa, y esto es así desde que comenzó la concesión".

Estimó que el sector adeuda 8 millones a la provincia y 3 al municipio.

Sobre el mismo tema dijo que "nosotros, los concejales, estamos trabajando a favor de la gente, no de los empresarios y a esto quería dejarlo aclarado".

"En mi opinión personal -agregó- que un eventual aumento del boleto a fin de mes no debe ser un condicionante para apurar el tratamiento del mensaje sobre el transporte. No porque el mensaje esté siendo desmenuzado y trabajado a conciencia. Queremos una norma que sea concreta, que sirva para controlar más y mejor al transporte, y que tenga el máximo consenso posible", definió.

"Aquí el eje de la discusión con la Alianza es si la norma nos va a traer o no algún tipo de problemas jurídicos. Es un debate muy rico entre todos, quizá lleguemos a votar con una amplia mayoría un 70% de los artículos, porque hay temas puntuales, centrales, que han alcanzado un buen marco de consenso tras las diez reuniones que tuvimos con los sectores involucrados", destacó.