El diputado provincial Roberto Federico Reutemann (PJ) presentó un proyecto para legislar sobre el acoso sexual en el ámbito de la administración pública provincial. Sobre el particular, como reconoce el autor, existe un vacío legal, y hasta el momento, fueron infructuosos los intentos por sancionar una norma, promovidos en el anterior período legislativo por sendas iniciativas firmadas por Domingo Pochettino (PJ) y Claudia Rosenthal (UCR).

El proyecto de Reutemann define al acoso sexual dentro de la administración pública provincial como "toda conducta, acto, propuesta y cualquier otro comportamiento, sea verbal, no verbal o físico, de naturaleza y con fines sexuales, no consentido por quien lo sufre o padece, que se produce en la relación de empleo -comprendiendo las de igualdad, inferioridad y superioridad jerárquica- y que arroja, como resultado, desde un ambiente laboral intimidatorio, hostil y ofensivo, deterioros psíquicos y físicos, y hasta la pérdida total del trabajo".

Además, establece como organismo de aplicación de la ley a la Subsecretaría de la Función Pública, y en caso de que el agente se desempeñe en dicha repartición, a la Fiscalía de Estado.

Reutemann, en su proyecto, establece tres tipos de acoso sexual y una serie de sanciones que van desde el apercibimiento, la suspensión, la cesantía hasta la exoneración, castigos que pueden ir acompañadas por acciones civiles y penales, estableciendo todo un mecanismo para cumplir con la norma.

El autor interpreta tres tipos de acoso: el moderado, no verbal y sin contacto físico, que comprende conductas reiteradas del tipo de miradas, muecas y gestos lascivos o insinuantes. Un acoso medio, fuerte verbal, mediante llamadas telefónicas, cartas, presiones para salir o invitaciones con intenciones sexuales de forma reiterada; y finalmente, un acoso fuerte, con contacto físico, con coacción psíquica y física para mantener relaciones íntimas.

Además, el proyecto faculta a la Defensoría del Pueblo, a través del Centro de Asistencia a la Víctima y al Testigo del Delito, a llevar un registro, de caracter reservado, con los empleados sancionados y otro con los damnificados, que se elaborará mediante datos proporcionados por la Subsecretaría de la Función Pública.

Reutemann entiende que una ley sobre la materia "apunta a aumentar la calidad de vida del empleado a partir del respeto de su libertad, su dignidad y valores, para garantizarle un ambiente laboral óptimo y contribuir a la eficiencia del servicio público".

Destaca, además, que el proyecto parte de reconocer que el acoso sexual no sólo se presenta en la relación de superioridad jerárquica, sino también en casos de igualdad e inferioridad jerárquica, como también que la cuestión no reconoce cuestiones de género.

Por último, Reutemann plantea que las conductas de acoso hacen que el damnificado, con el propósito de escapar de un ambiente laboral humillante e inseguro, deba recurrir a solicitudes de traslados y licencias, encubriendo el origen del problema.

Reutemann advierte que en la Argentina existen escasos antecedentes normativos en la materia, entre ellos, el decreto nacional N° 2.385/93, que incorpora el acoso sexual al régimen jurídico básico de la función pública para agentes de la Administración Nacional. En la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires fue aprobado un proyecto del aliancista Gustavo Ferrari sobre el tema; también cita la ordenanza municipal local sancionada a instancias del justicialista Martín Gainza.

Además, el autor menciona los antecedentes obrantes en el Congreso Nacional, siendo el primer proyecto el presentado por la diputada Irma Roy el 25 de septiembre de 1991. Otros datos suministrados tienen que ver con la legislación y fallos de otros países, especialmente en Estados Unidos y en países europeos.