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¿Anomalías en el Tribunal de Cuentas?
Quieren determinar si es verdad que en un lapso de seis años ese organismo fiscalizador no realizó ninguna observación sobre las entidades bajo su control en Rosario.
Rosario (C).- La Cámara de Diputados de Santa Fe reclamó al Poder Ejecutivo que informe cuáles fueron las observaciones fiscales realizadas por el Tribunal de Cuentas de la provincia (TC) en los organismos bajo su control en Rosario durante años pasados en los que, según una denuncia administrativa y judicial, no hubo un solo expediente que mereciera impugnaciones.
El planteo recoge una imputación elevada el año pasado, que planteaba que durante seis años la delegación fiscalizadora no había realizado observaciones a las rendiciones de cuentas de las múltiples entidades provinciales que tiene a su cargo. Eso implica que procesos tales como licitaciones, concursos de precios o contrataciones directas no merecieron la menor objeción en reparticiones tales como la Empresa Provincial de la Energía (EPE), la Administración Provincial de Impuestos (API), el Aeropuerto Internacional de Fisherton, los cinco hospitales provinciales y las delegaciones zonales del Ministerio de Educación.
Una iniciativa de Favario
La semana pasada, un proyecto del diputado rosarino Carlos Favario (PDP) que fue acompañado por la Cámara reclamó al Ejecutivo que precise varias cuestiones.
En primer lugar, el escrito plantea saber cuáles fueron las observaciones fiscales efectuadas por el TC durante los años 1991, 1992 y 1993 contra decisorios de la Gerencia Zona Rosario de la EPE. También se plantea conocer quién se encuentra designado como contador fiscal a cargo de la EPE y fecha de asunción del cargo; la cantidad de dictámenes formulados con relación a compras y/o contrataciones efectuadas por aquella gerencia de la EPE por parte del contador fiscal del TC.
Este planteo es significativo: se piden datos del período 1991-1993 porque éste es el interregno previo a los seis años en que no se verifican observaciones a expedientes de decenas de organismos sujetos a control. En este período el contador fiscal era Edgardo Pioletti. Entre 1991 y 1993 el cargo lo cubría Dolly Kleisinger, una funcionaria santafesina, que sí formalizó numerosas objeciones a actividades de entidades controladas.
La intención es clara: de surgir el contraste entre la cantidad de observaciones realizadas en tres años y la ausencia de las mismas en un lapso del doble de tiempo, entre 1993 y 1999, se debería dar al menos una explicación de esa asombrosa omisión.
"Si se constata de que en seis años no hubo observaciones se puede llegar a dos conclusiones: o que en Rosario la administración es perfecta o que estuvo liberado el control de irregularidades", le dijo a El Litoral uno de las personas que trabajó en la denuncia, por la que actualmente interviene la Fiscalía de Estado de Santa Fe.
¿Un control selectivo?
El proyecto de comunicación aprobado por Diputados también requiere saber cuántos dictámenes se formularon con observaciones a contrataciones y compras de la EPE y cuáles son las medidas que el TC adopta regularmente con posterioridad al dictado de las observaciones legales, para asegurar la suspensión de la ejecución del acto observado.
Esto es importante porque el informe parlamentario pretende sacar a la luz lo contrario: que en verdad, desde 1994 la Sala Y del Tribunal de Cuentas ha tratado y aprobado rendiciones de cuentas sobre gastos provenientes de actos administrativos previamente observados por el propio TC. También plantea conocer si el TC adoptó un mecanismo de control selectivo por el cual dejó sin control alguno a numerosas rendiciones de cuentas sin haberlas supervisado.
El año pasado un funcionario sumariante llegó a Rosario a establecer si existieron irregularidades con el uso oficial de un vehículo oficial, por el cual según una denuncia se rindieron gastos de funcionamiento sin que se lo utilizara. Esa auditoría no corroboró la existencia de la anomalía.
La Fiscalía de Estado actualmente investiga si el anterior contador fiscal apareció rindiendo asistencia en el TC durante un período en el que, según una denuncia, estaba en Europa, lo que supone que los controles internos habrían sido violados.
La investigación tiene una doble vía: además de la administrativa, en la que entiende la presidencia del TC, encabezada por Néstor Priotti, existe una causa judicial abierta en el Juzgado de Instrucción nº 11 de Rosario, a cargo de Carlos Triglia.
El actual pedido parlamentario aprobado en Diputados se suma a uno similar, que tuvo curso el año pasado, promovido por el senador rosarino Alberto Beccani.
