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Piden un trato justo para la deuda externa
La Cámara de Diputados hizo suya la moción sobre la deuda externa de los países pobres y en vías de desarrollo aprobada por la Asamblea de Parlamentarios del Mundo, que estuvo reunida en Roma el 4 y 5 de noviembre último.
El tema fue llevado al recinto por el justicialista Edmundo Barrera, quien participó de la asamblea realizada en Roma en ocasión del Jubileo de los políticos, que encabezó Juan Pablo II.
El documento expresa "la necesidad de una valoración adecuada de la sustentabilidad de la deuda, por las consecuencias graves que ésta tiene sobre las economías de los países endeudados, que se ven obligados a drásticas reducciones de gastos destinados a educación, salud y promoción del desarrollo humano, causando tensiones sociales que pueden tener derivaciones irreparables".
El autor expuso como fundamentos al proyecto la declaración de la Convención Americana de Parlamentarios por el Jubileo 2000, reunida en Valparaíso y Buenos Aires a comienzos de octubre y la moción completa sobre deuda externa de la Asamblea de Parlamentarios de Roma.
Graves desequilibrios
Este documento considera que pese a los avances realizados hacia un desarrollo económico global, permanecen gravísimos desequilibrios a nivel planetario. Los pobres ven aumentar su distancia de los ricos y que el peso de la deuda externa es un freno intolerable a la implementación de políticas de desarrollo económico y social.
Los parlamentarios hacen notar que hasta ahora no prosperaron las iniciativas en favor de los países pobres altamente endeudados, por lo que "aparece claramente la necesidad de una reforma radical de las instituciones financieras internacionales que han demostrado su incapacidad para detener destructivas olas especulativas, con consecuencias graves sobre las economías más débiles, y también para ayudar políticas de desarrollo equilibradas, basadas en la sustentabilidad humana y medioambiental".
Los participantes en Roma se comprometen a desarrollar las iniciativas que procedan y dirigidas a sus gobiernos y dentro de sus parlamentos para "desarrollar una iniciativa más completa para la cancelación de la deuda, en el marco de más generosas políticas de ayuda al desarrollo y de una acción para la creación de un sistema comercial y financiero abierto, justo, fundamentado en el derecho, previsible y no discriminatorio".
Por último, los parlamentarios se comprometen a recabar "la opinión del Tribunal Internacional de Justicia para aclarar el marco de los principios generales del derecho del hombre y de los pueblos por el que se rige la deuda internacional, de acuerdo con los principios de solidaridad humana a nivel nacional y supranacional".
