ROSARIO (C).- El desastre de la comisaría 25a. de Villa Gobernador Gálvez, un incendio en el que murieron trece reclusos, abre un horizonte de juicios que caerán como un torrente sobre las arcas de la provincia. Esta mañana, los tribunales rosarinos empezaron a recibir presentaciones penales de parte de familiares de víctimas que prefiguran las demandas.

Además, la Coordinadora de Trabajo Carcelario (CTC) realizó esta mañana dos actuaciones judiciales como patrocinante de los presos: una de ellas es un recurso de amparo con el fin de que se brinde protección adicional a los sobrevivientes del drama, trasladándolos a dependencias no policiales. La otra es que la Policía provincial sea apartada en todas sus instancias de la investigación sobre las causas del incidente.

La tragedia se cobró su última víctima este mediodía. Mario Espíndola falleció luego de que sufriera una complicación infecciosa que hizo que lo derivaran de la Sala de Quemados a la Terapia Intensiva del Hospital Clemente Alvarez. Desde el miércoles pasado, cuando se desató el fuego en el penal de la seccional de Pueblo Nuevo, murieron Mario Gustavo Miño; Gustavo Javier Monzón; Pablo Ismael Avalos; José Mario Rolón; Juan Alfredo Udi; Arnaldo Ojeda; Daniel Oscar Alvarez; David Rodríguez; Jorge Capiaqui; Jorge David Carbone; Hugo Daniel González y Diego Sivila.

El viernes pasado, la jueza que investiga el incendio, Susana de Pigliacampo, indagó a once de los presos sobrevivientes, a los que imputó por "tentativa de fuga e incendio intencional seguido de muerte". Estas actuaciones indignaron a las entidades defensoras de los Derechos Humanos, que entendieron que la medida volcaba las culpas de la tragedia sobre los presos y no atendía al contexto en el que se produjo el motín: el de al menos 26 internos hacinados en un penal de 32 metros cuadrados. La imputación es por un delito que prevé penas de entre 8 y 20 años de prisión.

Los familiares de las víctimas difieren del gobierno provincial a la hora de explicar lo ocurrido. Según las explicaciones oficiales, el incendio fue la reacción de los presos a la detección de una tentativa de escape. Los allegados a los internos coinciden en que hubo intento de evasión y que los presos fueron quienes iniciaron el fuego. Pero sostienen que ésa fue una reacción para poner freno a la represión policial, que disparó con munición antitumulto, para evitar que los internos pudieran ganar la calle.

Esta mañana Olga Cejas, la madre de Pablo Avalos, uno de los presos fallecidos, hizo una presentación en la fiscalía Nº 3 de los tribunales provinciales, a cargo de María Eugenia Iribarren. Ese escrito, patrocinado por el abogado Jorge Cejas, prefigura las demandas indemnizatorias millonarias que elevarán los familiares de los presos que murieron. En uno de los puntos del texto se piden explicaciones acerca de las causas por las cuales no se preservó el penal y la absoluta superficie de la comisaría mediante una clausura absoluta de la seccional 25a. a los efectos de realizar pericias fiables sobre lo ocurrido allí en la tarde del desastre.

Pero, además, el escrito reclama a la Corte Suprema de Justicia que haga constar si el Poder Judicial de Rosario, a través de los jueces que tienen a cargo las causas de los reclusos que murieron en la 25a., estaban al tanto del estado de las instalaciones en las que se alojaban los presos. Y si, en consecuencia, se indicó que fueran corregidas las falencias verificadas allí.

El pedido de la CTC respecto de que los presos que sobrevivieron al desastre no permanezcan en dependencias policiales se explica en otra denuncia: el organismo planteó que cinco internos, trasladados luego del incendio a penales de otras seccionales, sufrieron apremios ilegales antes de ser conducidos a indagatoria en tribunales, donde debían contar qué había ocurrido.

Los familiares de los presos fallecidos serán recibidos mañana, a las 8.30, por el gobernador Carlos Reutemann, en la sede rosarina de la Gobernación, antes de la reunión de gabinete.

El desastre de la comisaría 25ª no cesa de exponer costados de dramática arbitrariedad. El fin de semana pasada se supo que al menos dos de los presos que perdieron la vida, imputados por robo a mano armada, tenían orden judicial de liberación, ya que se los había considerado sin mérito frente a la acusación. Estos internos eran Hugo Daniel González y Diego Sivila. El primero tenía orden de excarcelación de instrucción 7ª y el segundo de instrucción 12ª.

Pero estos dos internos están vinculados también por otra situación presuntamente irregular. Ambos fueron trasladados de la comisaría 14ª de Rosario a la 25ª sin conocimiento judicial. Lo mismo ocurrió con Jorge Carbone, que murió el sábado.