Juez ordena a tres obras sociales
a dar prestación a afiliados
El juez en lo Civil y Comercial federal, Marcelo Eugenio Wathelet, intimó a tres obras sociales a cumplir con las prestaciones a sus afiliados, bajo apercibimiento de aplicarles multas y de efectuar la pertinente denuncia penal en caso de desobediencia.
El magistrado, que actúa como "juez de feria" durante el receso de enero, autorizó que se libren oficios a las obras sociales de la Unión Personal Civil de la Nación (UPCN), de los empresarios (ASE) y los empleados de comercio (Osecac).
En el caso de UPCN, la notificación fue dispuesta porque la obra social dejó de suministrar a Stella Maris Bertone medicación oncológica, a pesar de una prescripción médica y la orden judicial -una medida cautelar- que así lo dispone.
El juez dispuso que UPCN entregue a la beneficiaria toda la medicación indicada, o en su defecto le proporcione el dinero suficiente para su adquisición, según confirmaron fuentes tribunalicias.
Con respecto a ASE, la demanda fue realizada por los padres del menor Tomás Eliam Riquelme, quienes promovieron una acción de amparo para que la obra social cubra en su totalidad los gastos de transporte y de un tratamiento de rehabilitación del niño, que padece autismo.
Los progenitores lograron que se dictara una medida provisoria para asegurar la continuidad del tratamiento de rehabilitación, pero como la ASE demoró su respuesta el juez reiteró la notificación de la resolución, con el apercibimiento de aplicar una multa diaria por cada día de retardo en el cumplimiento.
En diciembre último, los padres del menor Leonardo Sesini, que sufre de discapacidad, iniciaron una acción de amparo porque Osecac había dejado de abonar los servicios de rehabilitación, y los profesionales que asisten al pequeño exigieron el pago de las prestaciones.
El juez en lo Civil y Comercial Edmundo Carbone, antes de resolver la "cuestión de fondo", dispuso que Osecac tomara los recaudos para evitar la interrupción de la prestación, pero como la obra social -notificada el 12 de diciembre- desatendió la orden, el menor quedó sin tratamiento desde el primer día de 2001.
El abogado de la familia, Carlos Díaz, pidió la habilitación de la feria judicial y el juez Wathelet, al igual que en los otros casos, intimó a Osecac a proceder de acuerdo con lo decidido, "bajo apercibimiento de aplicar una multa por cada día de incumplimiento y de pasar las actuaciones a la justicia penal". (Télam)
