El intendente Marcelo Alvarez manifestó su opinión favorable a la posibilidad de que llegue otro megamercado a Santa Fe, como una alternativa cierta de inversión en una ciudad que, desde hace meses, acusa el impacto de una economía recesiva. Esta intención se hizo pública en medio del debate sobre el promocionado y esperado proyecto de creación de un área industrial para la zona oeste de la ciudad, luego de confirmarse la intención del único oferente de financiar la primera etapa de la obra -precisamente- con la instalación de otra cadena comercial.

Con esta oferta, tal como lo expresó claramente la empresa privada, se podría financiar la primera fase del sector destinado a la industria. Por el momento, esta condición aparece como excluyente. Sin embargo, no forma parte de las alternativas que figuran en las condiciones originales de la licitación.

La cuestión viene siendo advertida por la oposición, por entidades de la producción y del comercio. Y es el planteo medular del dictamen que la Fiscalía Municipal, organismo encargado de asesorar al intendente, giró al Concejo.

Entre otras cuestiones que merecen atenderse, se desprende del dictamen jurídico que las modificaciones al contrato que pudieran surgir de la instancia de intercambio de datos deben respetar las pautas establecidas en el pliego de bases y condiciones. Pliego que, por otra parte, es el que tuvieron en sus manos otras empresas, las cuales optaron por no presentarse a la licitación por considerarla poco rentable.

Un cambio tan drástico en las condiciones de la licitación, que en un principio no admitía la llegada de un megamercado al área industrial, pone en desventaja a otros posibles interesados y abre la posibilidad de juicios contra el municipio.

Frente a este dilema se encuentra ahora el Concejo municipal que, en las próximas semanas, deberá considerar la oferta junto con los dictámenes técnicos y jurídicos, de los cuales, tres estarían avalando la propuesta privada, y uno, el de Fiscalía, recomienda no ignorar el espíritu de lo ya sancionado.

Conviene no perder de vista que un emprendimiento de estas características y en ese lugar, un megamercado en el oeste de la ciudad, sólo podría aprobarse por vía de una excepción, modalidad que siempre resulta riesgosa porque implica cambiar una norma a la que otros ya debieron ceñirse.

La posibilidad de que otro megamercado llegue o no a la ciudad forma parte de otro debate, en el que ya están anticipadas las opiniones. Desde la Municipalidad, se alienta como una inversión cierta. Desde el Centro Comercial, la Unión Industrial y la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios, las voces son críticas y el reclamo -con diferentes matices- es el mismo: la necesidad de una regulación que equilibre la competencia y el respeto por la letra escrita en las ordenanzas vigentes.

En todo caso, se trata de garantizar la transparencia de este proceso que trasciende a ésta y las próximas gestiones, y significa una transformación urbanística, económica y social para las futuras décadas. Pero también de asegurar que las reglas sean parejas para todos y no se cambien a la medida de un interés particular.