Rafaela (De nuestra agencia).- Ayer, el juez Juan Carlos Ramonda del Juzgado de Primera Instancia de Distrito en lo Civil, Comercial y Laboral de la Cuarta Nominación de Rafaela decretó el concurso preventivo de acreedores del frigorífico Rafaela Alimentos.

De esa instancia salió a la luz uno de los datos más inquietantes: la deuda por un monto total de 45 millones de pesos que la firma mantiene con más de 900 acreedores. Ese dato se desprende de lo informado por la propia empresa al iniciar ante la Justicia los trámites para la solicitud del concurso preventivo.

Lo que hasta el momento se conocía, a través de los datos suministrados vía Internet por el Banco Central de la República Argentina, era el pasivo de Rafaela Alimentos con los bancos, que supera los 24 millones de pesos. Pero ahora se supo que los problemas financieros del frigorífico son aún más graves.

La resolución del juez Ramonda fija los pasos y plazos legales en que deberá desarrollarse el concurso preventivo de la empresa. La primera medida será el lunes próximo, en horas de la mañana, cuando mediante sorteo se designe el síndico actuante.

Ante él los acreedores deberán recurrir, con la documentación del caso, para que se verifiquen y certifiquen los montos de los créditos. Hasta el 6 de junio venidero hay tiempo para concretar esa tramitación.

Posteriormente, el 2 de agosto, el síndico deberá presentar un informe detallado de los pasivos. En tanto, el 14 de setiembre es la fecha establecida para la presentación, por parte del síndico, de un informe general de la situación del concurso.

La convocatoria final a los acreedores, para participar de una audiencia informativa, se producirá el 17 de diciembre. En esa oportunidad, se conocerá y analizará, la propuesta de pago de la empresa. Ante tal conocimiento quedan dos alternativas: se acepta la oferta o se pide la quiebra del frigorífico.

Todas las actuaciones del concurso serán fiscalizadas por un comité conformado por los tres mayores acreedores de Rafaela Alimentos. Estos son el Banco Galicia de Buenos Aires, el Scotiabank Quilmes y Seara Alimentos de Brasil.

Durante el tiempo que dure la conciliación obligatoria -que se extenderá hasta el 28 de este mes-, los convenios laborales conservan vigencia. Transcurrido ese lapso, y ante la situación concursal, se produce la caída de esos acuerdos.

Como se recordará, la empresa planificada una reducción de salarios, por distintas condiciones laborales, para los sueldos que superen los 500 pesos mensuales. Esa quita afectaría a ciertos sectores que, por el convenio que prevé el pago de un incentivo por mayor calidad y producción, tienen sueldos que oscilan entre los 800 y 1.300 pesos. Lo que se pretendería es que la cifra de 500 pesos mensuales se convierta en tope.

También, en este lapso conciliatorio, deberá resolverse la diferencia que subsiste entre la patronal y el reclamo obrero con relación a las indemnizaciones que cobrarían los 140 operarios que aceptaron el despido.

Si bien se acordó el pago indemnizatorio total en 12 cuotas, la diferencia estriba en la modalidad de cálculo. Los obreros pretenden que se realice sobre el mes mejor pago y sobre el período de treinta días con mayor cantidad de horas extra trabajadas. También se pretende que se establezca algún mecanismo para preservar el valor real de lo que se perciba. Esto es por el pago en cuotas y por el frecuente comentario de devaluación.