Buenos Aires.- La jueza federal María Servini de Cubría informó a Chile que existen pruebas suficientes para procesar al ex dictador Augusto Pinochet por el crimen del ex general Carlos Prats y de su esposa, Sofía Cuthbert, y reclamó el arresto del militar para su posterior extradición a la Argentina.

En una extensa resolución, Servini brindó precisiones a Chile sobre el sistema penal argentino. Puntualmente explicó que, antes de dictar el procesamiento de Pinochet, debe tomarle declaración indagatoria, y para esa diligencia es necesario que el ex dictador sea trasladado a Buenos Aires en condición de detenido, dijeron a DyN fuentes judiciales.

Es que las autoridades chilenas enviaron semanas atrás un oficio a la jueza mediante el cual hicieron saber que no accederán al arresto y extradición de Pinochet hasta tanto sea procesado en la Argentina por el doble asesinato. Ante esa medida, los fiscales Jorge Di Lello y Jorge Alvarez Berlanda pidieron a Servini que viaje a Chile para indagar a Pinochet en Santiago. Pero la magistrada prefirió insistir con el trámite de extradición, ya iniciado en noviembre último por su colega Juan José Galeano.

"Chile exige el procesamiento antes del juicio de extradición, pero en la Argentina primero hay que indagar y luego procesar. Por eso se han dado detalles sobre el funcionamiento de nuestra Justicia penal, reiterando el pedido que hizo Galeano, pero ampliando los fundamentos", indicaron los voceros.

Prats y su esposa fueron ultimados en un atentado perpetrado en Buenos Aires el 30 de septiembre de 1974, cuando estalló una bomba colocada bajo el automóvil de la pareja.

Como partícipe del doble crimen fue condenado aquí a la pena máxima, el año pasado, el ex agente Enrique Arancibia Clavel.

Pero en la causa que instruye Servini afrontan cargos, además, el ex jefe de la Dina (policía secreta chilena), Manuel Contreras y de su ex colaborador, el brigadier Pedro Espinoza Bravo, que al igual que Pinochet fueron imputados como presuntos coautores de los homicidios y miembros de una asociación ilícita.

En la nómina de acusados que la Argentina pretende extraditar figuran también los ex generales Raúl y Jorge Iturriaga Neumann, imputados como partícipes necesarios del atentado, así como el militar Octavio Zara Holger y María Inés Callejas Ogores, ex esposa del agente de la CIA Michael Townley, que el año pasado confesó a Servini que colocó la bomba que mató a los Prats.

Tanto Espinoza Bravo como Contreras, en tanto, fueron enviados a prisión por el crimen del ex canciller chileno Orlando Letelier, cometido en Washington, en 1976.

La defensa de Pinochet, máxima autoridad de la DINA al momento de los asesinatos, ha cuestionado la investigación que se tramita en la Argentina por considerar que los tribunales nacionales carecen de jurisdicción, pese a que Prats y su esposa fueron asesinados en el barrio de Palermo, en la capital argentina.

Pero Townley reforzó las sospechas contra Pinochet al declarar ante Servini, en Estados Unidos, donde brindó detalles sobre la planificación y ejecución de los asesinatos.

Pinochet, que estuvo preso en Gran Bretaña durante más de un año, afronta cargos por violaciones a los derechos humanos en el juicio por genocidio y terrorismo de Estado que instruye, en España, el juez Baltasar Garzón. Además, está acusado en Chile por decenas de tormentos y crímenes en su prolongado régimen de facto.

Santiago de Chile.- El juez Juan Guzmán Tapia informó cómo decretó la manera en que debe efectuarse la elaboración de la ficha policial del ex dictador chileno Augusto Pinochet, procesado como encubridor de 75 crímenes de la "Caravana de la Muerte".

"En los próximos días tendremos un extracto de filiación" (elaboración de la ficha), dijo el magistrado que procesó a Pinochet el pasado 29 de enero por 18 secuestros y 57 homicidios de la comitiva militar conocida como "Caravana de la muerte", que ejecutó sin juicio a presos políticos en 1973.

El procedimiento normal para notificación y prontuario debe ejecutarse por el Registro Civil, organismo que tiene que designar un fotógrafo y un oficial civil para fotografiar al procesado y tomar sus huellas dactilares. Sin embargo, trascendió que el personal de la Fiscalía Militar sería esta vez el encargado. (Télam-SNI).