Bloqueo judicial a la constitución de Esfesa
Medidas cautelares impiden convertir a la EPE en sociedad anónima, a menos que se fije la cesión de acciones a los empleados. Otro golpe a la privatización.
Nuevas medidas cautelares de Luz y Fuerza impedirán la constitución de la sociedad Energía de Santa Fe SA (Esfesa) el próximo 30 de abril, como dispone el decreto firmado ayer por el gobernador Carlos Reutemann, salvo que se lo haga con el estatuto que establece la cesión del 10 % de la propiedad participada al personal. De esta manera, la Justicia bloquea la vía alternativa pergeñada por el gobierno para que el proceso privatizador zafe del conflicto con Luz y Fuerza, que consistía en reservar esa porción del paquete accionario "congelado" en manos del Estado hasta que se dirima la cuestión de la propiedad participada.
La primera resolución conocida es la del juez laboral de la 5ta. nominación de Rosario, Enrique Girardini, pero se produjo otra similar en Rafaela y se aguardaba una más en nuestra ciudad. El magistrado ordenó al gobernador que "se abstenga de modificar la situación planteada con el decreto 4.013/00, debiendo abstenerse de dictar un nuevo decreto que derogue, altere o modifique el decreto 4013/00 hasta tanto medie pronunciamiento firme en la presente causa. Y, para el supuesto de que tal acto ya hubiese sido dictado, se abstenga de constituir la sociedad Energía de Santa Fe SA bajo cualquier otra modalidad distinta de la contemplada en el Anexo II del decreto 4.013/00", que es el que otorgaba la propiedad participada al personal.
Cronología
El nuevo revés judicial contra el proceso privatizador de la actual Empresa Provincial de la Energía se inscribe en el siguiente orden de situaciones, oportunamente consignadas:
"Se perjudica a la provincia"
El interventor de la Empresa Provincial de la Energía, Antonio Caro, declinó anticipar el temperamento que adoptará el gobierno ante las nuevas medidas cautelares, por no estar notificado de las mismas ni haber tenido oportunidad de analizarlas.
No obstante, ante la consulta de El Litoral, consideró que "si es así, creo que el juez se extralimita, porque aquí no hay perjuicio para nadie, ya que el 10 % de las acciones queda congelado y no se transfiere al privado".
En todo caso, el funcionario entendió que "si esto significa un nuevo freno a la privatización, el perjuicio va a ser para el usuario, que va a seguir pagando más por el servicio. Y para la provincia, porque durante todo el tiempo que se postergue no va a recibir los intereses del monto de la venta".
Caro remató exponiendo que "entiendo que alguien se tendrá que hacer cargo de estos perjuicios".
