En la Argentina, las partidas destinadas para políticas sociales están en muchos aspectos casi a la altura de los países desarrollados. Sin un nivel de crecimiento y de consolidación institucional como el de las democracias avanzadas, nuestro país asigna un alto porcentaje de su PBI para atender las demandas de los sectores más necesitados o excluidos de la estructura productiva.

Sin embargo, el panorama social de la Argentina sigue siendo en más de un aspecto desolador. Los fondos destinados por el Estado no están a la altura de los beneficios efectivos. No es un secreto para nadie que, en el recorrido que va desde el Estado hasta el hombre concreto de carne y hueso, se quedan los dineros y los recursos que salen de los bolsillos de los contribuyentes.

Queda claro que, si existiera una gestión eficiente y capacitada, estas irregularidades no tendrían lugar. Y si los políticos no privilegiaran sus beneficios personales o de grupo, los más necesitados gozarían de mejores servicios.

De lo que se trata, entonces, en una situación de crisis como la que atravesamos, es de decidir un cambio para que los programas sociales lleguen efectivamente a sus destinatarios y no se deshilachen en el camino debido a la voracidad de una burocracia que se alimenta a sí misma en nombre de los pobres. Es menester impedir que una mala concepción de la política los perjudique, para lo cual es necesario programar una verdadera estrategia social que contribuya a promocionar a los excluidos.

Para ello se impone un punto final a la multiplicidad de planes sociales que, a juzgar por los resultados, a los únicos que han beneficiado es a funcionarios y técnicos que mantienen un espléndido nivel de vida programando la "felicidad" de los pobres. Simplificar los planes sociales para hacerlos más efectivos es la primera tarea; la segunda consiste en excluir a los dirigentes y punteros políticos de todo aquello que tenga que ver con el tema. La labor de un representante popular en una república democrática no es la de hacer beneficencia o reemplazar a los asistentes sociales, sino la de representar como corresponde y en el plano estricto de la política las demandas de los diversos sectores de la sociedad civil. En la misma línea, se impone un acuerdo entre el oficialismo y la oposición para excluir las políticas sociales de la competencia electoral.

La otra cuestión a tener en cuenta es la descentralización. Transferir las responsabilidades instrumentales a las organizaciones de la sociedad civil, cuidar que éstas sean genuinas y no se transformen en la máscara legal de algún partido o facción política. Esto no significa que el Estado se desentienda de sus responsabilidades. En todas las circunstancias, éste debe ser siempre una realidad insoslayable. La diferencia se plantea en términos reales entre un Estado "fofo" e ineficiente o un Estado ágil y eficaz. Para ello son necesarias una selección rigurosa del personal contratado y una simplificación administrativa que reduzca la multiplicidad de planes sociales.

Estos objetivos son posibles si existe una clara voluntad política orientada en esa dirección. Hasta el momento, los dirigentes se han interesado en agitar el tema de la cuestión social sólo para obtener votos y ganar clientelas dóciles; ahora es probable que haya llegado el momento de no hablar tanto de la pobreza y ponerse a trabajar para solucionarla efectivamente.