Buenos Aires (C).- La Comisión de Salud de la Cámara de Diputados de la Nación fue escenario, esta semana, de una audiencia pública en la que laboratorios, droguerías, farmacéuticos, médicos y legisladores comenzaron a analizar tres proyectos que proponen que el país tenga una ley de genéricos, que buscaría fundamentalmente abaratar costos y garantizar calidad y accesibilidad de los medicamentos.

Los proyectos son del frepasista entrerriano Federico Soñez y los radicales Alfredo Neme Scheij de Tucumán y Carlos Iparraguirre, de Santa Fe. En términos generales proponen controles de bioequivalencia y biodisponibilidad de los medicamentos (drogas o principios activos de cada laboratorio) a través de la Administración Nacional de Alimentos, Medicamentos y Tecnología Médica, prescindiendo de los nombres comerciales o de fantasía.

En principio, la idea de los legisladores es que las equivalencias sirvan para que el farmacéutico pueda cambiar eventualmente el medicamento prescripto por otro que tenga el mismo principio activo, pero que pudiera resultar más económico para la gente.

Sin embargo el objetivo no parece fácil de cristalizar. En principio porque tanto el subsecretario de Atención Primaria de la Salud, Néstor Pérez Baliño, como Norberto Pallavicini de la Administración Nacional de Medicamentos y Tecnología Médica, dejaron sentado en la audiencia que la facultad de prescribir un medicamento es exclusiva del médico y no debe tener delegación alguna.

Además algunos laboratorios argumentaron que equivalencia no es sinónimo de eficacia terapéutica. La audiencia se prolongó más de cuatro horas e incluyó observaciones técnicas de facultades de química y medicina de todo el país.

Iparraguirre admitió que el tema está apenas en el inicio de un largo camino. Pero no descartó que el objetivo perseguido pueda derivar incluso en normas que regulen la prescripción, una alternativa abarcada en los proyectos, pero que podría ser materia de legislaciones específicas.

El debate no pudo eludir todas las significativas características de un mercado que movería este año en el país entre 4.500 y 4.900 millones de pesos, que tiene especial incidencia en las políticas de salud y que impacta de lleno en la calidad de vida o las necesidades de la población.

Mientras los laboratorios internacionales -dueños de patentes- dejaron sentado su temor de que los genéricos sean la excusa para que cualquier laboratorio pueda usar moléculas no protegidas por la ley de patentes, los laboratorios nacionales sostuvieron que no quieren un sistema de genéricos que, certificaciones mediante, identifique a sus productos como medicamentos "de segunda".

Aún con una posición en común sobre los genéricos, entre laboratorios multinacionales y locales queda aún latente el debate que dejó la ley de patentes que rige desde fines del 2000. Los laboratorios nacionales quieren una nueva ley que al menos obligue a las multinacionales a fabricar en el país, pero el tema no está ahora en discusión.

Estas circunstanciales coincidencias encontraron la voz disonante de la Cámara de Genéricos, entidad de reciente creación que reúne a 22 empresas cuyos números muestran particular singularidad.

Según Fernando Brunstein, representante de esta Cámara, ellos participan con el 5 % del mercado nacional, si se toma en cuenta el volumen de dinero que mueve. Pero asegura que eso significa el 50 % de las unidades (una unidad es una gragea o una dosis) de los medicamentos que se consumen en el país, incluyendo el 80 % de la provisión a hospitales públicos.

Las diferencias en este caso están marcadas por un precio sustancialmente menor de los medicamentos, que sin embargo por desconocimiento o falta de mecanismos de comercialización y regulación, no llegan a la gente que acude a las farmacias y que según Soñez pone de sus bolsillos el 68 % de lo que se gasta en medicamentos en la Argentina.

La fabricación de genéricos está permitida en el país, pero por ahora sólo tiene incidencia en las licitaciones de organismos públicos. El desafío de las normas es buscar una manera de que el beneficio económico llegue a la gente sin afectar el derecho a la salud y el control médico sobre la acción terapéutica buscada.

Con excepción de Clínicas y Sanatorios, y de Agentes de Propaganda Médica que se excusó hasta analizar el tema en una próxima asamblea, la mayoría de los sectores involucrados llevó su posición a la audiencia pública.