Buenos Aires.- La jueza argentina María Servini de Cubría ordenó la captura del ex capitán de fragata Alfredo Astiz, al acoger el pedido de la Justicia de Italia que lo ha acusado por el secuestro, tortura y desaparición de tres ciudadanos italianos durante la última dictadura militar (1976-83).

La orden de arresto también comprende al ex oficial naval Jorge Raúl Vildoza, prófugo de la Justicia argentina desde mediados de la década de los '80, según precisa hoy el diario Página 12, de Buenos Aires.

El proceso que se sigue en la capital italiana contra los ex marinos argentinos trata de esclarecer la desaparición de los italianos Giovanni Pegoraro, de su hija Susana, que estaba embarazada, y de Angela Aietta, quienes fueron vistos por última vez con vida en 1977 en una cárcel ilegal de la capital argentina.

También están imputados en esa causa, pero sin pedido de captura internacional, el ex vicealmirante Antonio Vañek, el ex capitán de navío Jorge Eduardo "El Tigre" Acosta y el prefecto naval Héctor Antonio Fevres, quienes se encuentran bajo arresto domiciliario en la Argentina por el secuestro y cambio de identidad de hijos de desaparecidos.

El matutino bonaerense destaca que Servini de Cubría hizo lugar "de inmediato" el viernes, al pedido de captura de los ex oficiales navales, con fines de extradición, solicitado dos días antes por el fiscal romano Francesco Caporale y ratificado por el juez italiano Claudio Tortora.

"Astiz -señaló el fiscal en su pedido de captura- es uno de los torturadores más feroces de la dictadura militar argentina, responsable material de secuestros, torturas físicas y de la eliminación de miles de jóvenes", que le valieron el apelativo de "El Angel de la Muerte".

Caporale es el mismo fiscal que llevó adelante otro proceso concluido en la capital italiana en diciembre pasado con la condena en ausencia a cadena perpetua de los ex generales argentinos Carlos Guillermo Suárez Mason y Santiago Omar Riveros, además de otros cinco suboficiales acusados del homicidio de ocho ciudadanos ítalo-argentinos.

Astiz, uno de los símbolos de la represión ilegal de la cruenta dictadura militar que gobernó Argentina hace dos décadas, fue el primer ex jerarca del régimen "de facto" juzgado y condenado en el exterior.

En 1990, la Justicia de Francia lo condenó en ausencia a reclusión perpetua por el secuestro, tortura y desaparición de las monjas francesas Alice Domont y Leonie Duquet, quienes también estuvieron cautivas en la bonaerense Escuela de Mecánica de la Armada (Esma), donde funcionó la más grande cárcel ilegal que había montado el régimen castrense argentino.

Astiz, quien en 1977 se hizo pasar por hermano de un desaparecido para infiltrarse en la entonces flamante Madres de Plaza de Mayo, a cuya directiva fundadora ayudó a secuestrar a la salida de una misa en Buenos Aires, también tiene una causa pendiente en Suecia por el asesinato de la adolescente sueca-argentina Dagmar Hagelín.

El ex oficial naval, a quien jóvenes han repudiado y expulsado de las discotecas a las que solía concurrir, recibió en Buenos Aires una leve condena excarcelable por apología del crimen, tras haber declarado al semanario local Tres Puntos que era "el hombre mejor preparado para matar a un político o un periodista".

Según el diario Página 12, la decisión de la jueza Servini de Cubría de hacer lugar a la petición de la Justicia italiana reabre el debate sobre la competencia de tribunales extranjeros para juzgar los crímenes de lesa humanidad cometidos en la Argentina.

El gobierno argentino durante la presidencia de Carlos Menem (1989-99) ha negado oficialmente colaboración a jueces extranjeros que solicitaron, como el español Baltasar Garzón, la detención y extradición de ex jerarcas de la última dictadura militar acusados de genocidio y torturas.

El actual presidente Fernando de la Rúa no ha sido tan explícito como su antecesor Menem, pero, aunque defendió el denominado "principio de territorialidad", ha dejado en manos de la Justicia Federal toda decisión sobre las peticiones internacionales de arresto y extradición de los ex represores argentinos. EFE.