El proyecto de ley de Julio Gutiérrez (PJ), que reduce a 30 días las campañas electorales, regulando los gastos y fundamentalmente intentando transparentar el origen, destino y uso de los fondos, se inscribe en la necesidad de desarrollar nuevas formas de hacer política.

Ultimamente, una peligrosa campaña nacional apuntó a denunciar como el principal bolsón de corrupción las dietas y retribuciones de los legisladores, cuando en realidad nos parece más grave la falta de idoneidad, la sumisión, las listas sábana y la tendencia nefasta de actuar corporativamente, sin responder a las necesidades de quienes les dieron su voto.

Los datos de esa campaña no siempre son fidedignos; se complementaron con un documento difundido por Internet denominando "sobran políticos", cuando -a nuestro criterio- no sobran sino que faltan.

Faltan políticos de fuste, de honor, con convicciones propias, que recojan el sentir de la gente, legislen con equidad y ejecuten sin temblar las tareas de fiscales y control de los otros poderes del Estado.

Faltan políticos que se opongan a la tendencia masiva, generada desde 1983, por la cual resignaron funciones, transformándose en un apéndice del Poder Ejecutivo.

Faltan políticos que, más allá de su pertenencia ideológica, ayuden a su gobierno, no con la falsa aquiescencia de levantar las manos para votar una ley, sino que lo hagan a conciencia. Y cuando el texto sea contrario a ella, no tiemblen ante una posible represalia por la desobediencia.

El Poder Legislativo es lo que diferencia a la democracia del unicato. Hoy en día, lamentablemente, el unicato está presente en la mayoría de las legislaturas argentinas y por eso, lentamente, son más los que piensan que, al no cumplir su rol, se puede prescindir de ellas.

En el tema de las campañas electorales, un senador santafesino se anticipó a la Nación con un proyecto que ya tiene media sanción, y muchos -la mayoría- le auguran un destino incierto, porque introduce precisamente nuevas formas de hacer política, privilegiando la transparencia y la ética sobre los vicios y malas costumbres heredados.

Entre otras innovaciones, propicia que durante la campaña electoral "la publicidad de los actos de gobierno no contenga elementos que promuevan la captación directa del sufragio a favor de ninguno de los candidatos a cargos públicos electivos".

Tampoco podrán inaugurarse obras públicas o lanzar planes de alcance colectivo, hasta cinco días antes del acto eleccionario, para eliminar una de las tantas corruptelas a las cuales nos sometió equivocadamente la clase política.

Además de transparentar el ingreso de fondos públicos y privados, obliga a rendir cuentas de los gastos que genere una campaña, fija límites de gastos, techos y pisos para cada calidad, y fija sanciones.

Prohíbe recibir "donaciones", salvo las de carácter simbólico, de no más de 100 pesos, y hasta un año después de terminada una gestión, "no podrán intervenir como representantes o socios de personas físicas o jurídicas que estuvieren, directa o indirectamente, interesadas en cualquier contrato oneroso vinculado con decisiones que se hayan adoptado durante el ejercicio de su cargo".

El proyecto fue girado a Diputados, e intenta una nueva forma de hacer política que puede tener escollos y no prosperar en este intento; pero nos deja vislumbrar que la reforma es posible, no por la disminución de los políticos o la rebaja de sus dietas, sino por el convencimiento de que habrá que remover todas las acciones y costumbres que han provocado el descrédito del cuerpo político.