El ministro de Defensa, Horacio Jaunarena, admitió hoy indirectamente que el gobierno no aceptará el pedido de extradición hecho por la justicia italiana para el ex represor Alfredo Astiz, porque sostiene el principio de que "los delitos que se cometieron en Argentina, sea quien fuera el que los cometió, deben ser juzgados por jueces argentinos".

"Esa es la postura que el Ministerio de Justicia del gobierno sostuvo en un caso similar a éste", señaló el ministro de Defensa esta mañana en declaraciones a radio Continental en alusión a ex represores requeridos recientemente también por Italia y por España.

Jaunarena dijo que el gobierno sostiene esa postura, "más allá de la condición emblemática de este personaje" porque está "convencido de que es la manera de preservar el principio esencial de soberanía".

Astiz está detenido desde hace dos días a pedido de Interpol y porque la justicia italiana lo requiere para juzgarlo por el secuestro y desaparición de tres ciudadanos de origen italiano en la Argentina.

El ministro de Defensa recordó además que la legislación por la cual la justicia italiana reclama la presencia de Astiz "fue creada en el año 30 por Benito Mussolini, cuando Italia tenía colonias".

"Los delitos que se cometieron en la Argentina deben ser juzgados por jueces argentinos, ésa es la postura que en su momento el Ministerio de Justicia utilizó en un caso similar a éste", insistió Jaunarena.

Al señalar que el actual gobierno ya actuó en ese sentido en otros casos, probablemente aludió a los rechazos a los pedidos de extradición hechos también por Italia para el ex represor Jorge Olivera, quien fue liberado y regresó al país, y el pedido de extradición hecho por España para el ex represor argentino Miguel Cavallo, quien se encuentra detenido en México.

Por otra parte, en diálogo con radio América, Jaunarena aclaró que esa postura "no significa que la Argentina, y este gobierno en particular, no esté preocupado por la defensa de los derechos humanos, porque en su momento el presidente Fernando de la Rúa firmó su adhesión al acuerdo de Roma que establecía la creación de una corte internacional para juzgar los delitos de lesa humanidad".

En tanto, el ex capitán negó ayer toda responsabilidad en los crímenes de lesa humanidad que le atribuye la Justicia de Italia, al presentarse en audiencia ante la jueza Servini de Cubría.

Astiz, de 48 años, quedó preso cerca de la medianoche del domingo al entregarse voluntariamente en el Departamento Central de la Policía Federal, tras haber sido buscado sin éxito por 48 horas.

La jueza federal porteña María Servini de Cubría, que el viernes último ordenó la captura de Astiz al hacer lugar a un requerimiento de los tribunales de Roma, certificó ayer la filiación del ex represor en una breve audiencia en la que también notificó al ex marino acerca del juicio que sigue en su contra el juez italiano Claudio Tórtora. Astiz afronta cargos en Roma por la desaparición forzada de Giovanni Pegoraro, su hija Susana -que estaba embarazada y dio a luz en cautiverio- y Angela María Aieta, madre del dirigente peronista Juan Carlos Dante Gullo.

Pasadas las 19, Astiz fue trasladado desde el Departamento de Investigación Penal Administrativa (Dipa) de la Prefectura Naval hasta los tribunales federales del barrio porteño de Retiro, donde fue celebrada la audiencia en la que el ex marino dijo a Servini y al secretario Ricardo Parodi que es ajeno al secuestro y desaparición de los Pegoraro y de Aieta.

Tras la diligencia, Astiz fue llevado nuevamente hacia las celdas de la Prefectura, donde seguirá detenido mientras Roma tramita su extradición.

El abogado Fernando Goldaracena, defensor del ex jefe de la Armada Rubén Franco en una causa por el robo sistemático de niños nacidos en las cárceles clandestinas de la dictadura, fue designado como representante legal de Astiz, quien fue acusado de decenas de delitos de lesa humanidad pero fue beneficiado en los 80 por las leyes de Obediencia Debida y Punto Final. (DyN)