Según el informe de Transparencia Internacional, la Argentina ocupa el puesto número 57 en materia de corrupción. Traducido a puntaje, sobre la base de una escala de uno a diez, el país no llega a los cuatro puntos. En cualquier parte del mundo esta clasificación es un aplazo, más si se tiene en cuenta que en el último año no se han dado señales de recuperación, sino todo lo contrario.

Observar la tabla de clasificaciones elaborada por una entidad de reconocido prestigio como Transparencia nos permite encontrar algunas claves para entender nuestra situación y lo que nos está ocurriendo. En ese sentido, es bueno tener en cuenta que el primer dato que llama la atención es que los países con menores índices de corrupción son aquellos en los que el crecimiento económico se ha podido integrar con el estado de derecho y la composición social.

No es casualidad que los países nórdicos, y muy en particular Finlandia, Suecia y Dinamarca, estén a la cabeza de las naciones con menores índices de corrupción. Tampoco lo es que los países más corruptos sean aquellos que, al mismo tiempo, exhiben los niveles más altos de atraso económico y autoritarismo político.

Si desde una perspectiva económica la corrupción se manifiesta con más insistencia en los países atrasados, desde una perspectiva cultural es posible demostrar que las sociedades con mayores niveles de conocimiento y con hábitos laborales más arraigados son las que han podido reducir los índices de corrupción a su mínima expresión. Queda claro que la corrupción también se reduce en las naciones donde el apego a la ley y a la norma es más estricto.

Contra lo que se cree habitualmente, y en contradicción con la retórica de los demagogos autoritarios, los regímenes dictatoriales que dicen asegurar el orden no son los más eficaces en la lucha contra este flagelo. El informe de Transparencia ha podido demostrar que en las dictaduras la corrupción se afianza: la única diferencia con los sistemas democráticos es que no sale a la luz porque la oposición no existe y las libertades de expresión están conculcadas.

Es importante preguntarse sobre las posibilidades de convivencia entre la democracia y la corrupción en un contexto de crecientes penurias económicas, porque nos permite explorar realidades sociales en países como la Argentina, México o Brasil. Atendiendo a estas variables, es inevitable reconocer que la ecuación que se nos presenta es la más desfavorable, ya que la combinación de estancamiento económico, corrupción y democracia conduce inevitablemente a deteriorar el aspecto más vulnerable del triángulo: la democracia y las instituciones que la sostienen.

Por lo tanto, a la pregunta sobre la perdurabilidad de la relación entre democracia y pobreza, habría que incorporarle la variable de corrupción como un factor orientado a agravar las condiciones de convivencia social e institucionalidad política.

Como puede apreciarse, el informe de Transparencia divulgado en la Argentina por la organización Poder Ciudadano expresa una fotografía adecuada de nuestra realidad, una suerte de radiografía descarnada de nuestros males, que podrá no gustarnos pero que inevitablemente deberemos asumir, si es que queremos salir del puesto de aplazados en el que estamos instalados desde hace años.