El bloque de diputados Radical en la Alianza propuso constituir una comisión "con propósitos de información e investigación sobre las gestiones previas, operaciones de compraventa, escrituración y otras cuestiones judiciales y administrativas asociadas" y todo lo que se relacione con la adquisición por parte de la Cámara de Diputados, del inmueble de calle 1° de Mayo 1629. En dicho inmueble funcionan varias de las comisiones internas del cuerpo.

La iniciativa, motorizada especialmente por Oscar Ritter, propone darle a los integrantes facultades propias de los jueces de Instrucción, postula 6 miembros, y un plazo de 60 días para producir el informe a exponer en una sesión especial de Diputados.

Ritter señala que la respuesta al pedido de informes sobre la situación del inmueble, más que esclarecer, ha sumado nuevos elementos que alientan la preocupación. Recuerda que "la primera remisión al Poder Ejecutivo sufrió una curiosa omisión y no fue girado a la Fiscalía de Estado, como se pedía en el proyecto. Fue necesario insistir en dos oportunidades ante el Poder Ejecutivo para que recién en abril último se consignara una intervención de la Fiscalía".

Advierte que a las preocupaciones iniciales se adicionan otras que se relacionan con la falta de debida atención por parte de la Fiscalía del expediente titulado Provincia de Santa Fe contra Gennari, Celeste y otros, sobre demanda ordinaria de escrituración y sobre las responsabilidades del supuesto apoderado del organismo en esta cuestión. Tampoco deja de lado las responsabilidades de la Cámara. "El más primario de los razonamientos nos induce a creer que los más urgidos y preocupados por la escrituración del inmueble adquirido debieron ser los compradores, es decir la Cámara de Diputados, pero vemos que una nueva sorpresa nos muestra un inmueble comprado en 1988, no escriturado hasta el presente y con una demanda de escrituración paralizada por lo menos desde 1996".

El 26 de octubre último, Diputados aprobó el pedido de informes de Ritter sobre los motivos que impidieron regularizar la situación dominial del inmueble y el 22 de febrero de este año, el legislador exigió la respuesta completa al pedido. Entre esas fechas, el escribano mayor de gobierno, Juan Alberto Milia, había respondido que no tenía ningún requerimiento para la regularización dominial del edificio.

En el segundo informe, es Fiscalía de Estado la que asume la respuesta del expediente. Entre otros documentos, la fiscal, Irmgard Lepenies, ordenó la instrucción de un sumario administrativo tendiente a deslindar las responsabilidades que pudieran corresponder con motivo de la actuación del apoderado Raúl Eugenio Gallegos en la causa. Los fundamentos de esa resolución dicen "que en razón de que prima facie la actuación en materia de defensa legal pueda ser cuestionable desde el punto de vista del debido impulso al proceso en el que están en juego los intereses de la provincia, corresponde se inicie la investigación tendiente a deslindar las responsabilidades que pudieran corresponder con motivo de la actuación del apoderado".

Lepenies en su respuesta a la Cámara da a conocer las causas de la falta de concreción de la escrituración. Menciona entre ellas la oposición de los demandados al ofrecimiento de pago de la provincia y su pretensión reconvencional de reajuste así como la paralización del juicio por falta de impulso procesal.

En la parte final del informe, Lepenies dice que "la existencia de juicio pendiente y el margen de incertidumbre de cualquier decisión judicial, justifica la posibilidad de analizar la posibilidad de arribar a una transacción".

El diputado Ritter advierte que nadie se preocupó ni ocupó del inmueble en el plano político ni administrativo.

En los 8 meses que transcurrieron desde el pedido de informes a la fecha "sólo hemos podido saber que existió un expediente que quedó abandonado desde 1996, que la Fiscalía de Estado ha dispuesto un sumario administrativo para determinar las responsabilidades de uno de los abogados designados como apoderado y que la fiscal expresa: con motivo del presente pedido de informes tomé conocimiento del estado procesal del pleito dado que, por su antigüedad y la indicada paralización, no se ha incorporado al proceso informático de esta Fiscalía de Estado".

Por último, el autor del proyecto reclama que "se esclarezcan los hechos, a los fines de poder escriturar el inmueble comprado al menor costo, pero también para determinar con certeza todas y cada una de las responsabilidades y responsables de este tortuoso proceso sin final previsto".