El ex juez federal santafesino, Víctor Hermes Brusa -quien permanece detenido desde ayer a disposición del magistrado porteño Gabriel Cavallo- podría ser juzgado en nuestro país por cuanto no goza de la protección de las leyes de Punto final y Obediencia debida.

Así lo confirmó esta mañana el fiscal federal ad hoc, Dr. Alejandro Luengo, quien destacó, además, que los delitos que se le atribuyen son imprescriptibles y que los convenios internacionales vigentes imponen que si Argentina no accede a la extradición solicitada, debe juzgar al requerido en su territorio.

Por otra parte, Eduardo Alberto Ramos -también requerido desde España por el juez Baltasar Garzón, quien investiga delitos de lesa humanidad cometidos durante la represión ilegal- llegó ayer a Buenos Aires, donde permanece detenido a la espera de ser llevado ante la presencia del juez Cavallo.

Las fuentes consultadas anticipan que recién el lunes el magistrado a cargo del Tribunal Federal N° 4 de Comodoro Py resolvería si excarcela o no al ex policía, aunque se prevé que su postura será negativa, ya que se encuentra en situación similar a la de Víctor Brusa, puesto que ambos se mantuvieron prófugos de la Justicia por más de una semana.

En tanto, el fiscal santafesino Alejandro Luengo presentó ayer un escrito ante el juez federal Eduardo Tejerina, solicitando que rechace el recurso de inhibitoria planteado por los ex policías Mario José Facino, María Eva Aevis, Héctor Romeo Colombini y Juan Calixto Perizotti.

La defensa de los ex policías ya nombrados -encarada por el Dr. Cuestas- había solicitado que fuera la justicia santafesina la que interviniera en la extradición solicitada, en lugar de la porteña.

Argumentó que, según el código procesal penal, es competente el juez del lugar donde se cometieron los hechos.

Contrariamente, el criterio de la fiscalía se inclinó por la aplicación del tratado de extradición suscripto con España y la ley de cooperación en materia penal internacional.

Tales normas señalan que si la persona a extraditar es sólo una, es competente el juez del lugar de residencia; y que si son varias, puede intervenir cualquiera de los jueces federales de los diferentes lugares de residencia, o bien el juez federal en turno de Capital Federal.

En este caso, Garzón ha solicitado la extradición de dieciocho argentinos, de los cuales sólo seis viven en Santa Fe. El resto, en su mayoría, reside en Capital Federal.

El fiscal federal ad hoc, Alejandro Luengo, sostuvo en su escrito que debe darse preeminencia a las leyes especiales sobre extradición, por sobre las normas comunes del código de procedimiento, cuya aplicación debe ser sólo supletoria.

También argumentó Luengo que un mismo juez debe intervenir para todas las extradiciones solicitadas, por cuanto el juez requirente, Baltasar Garzón, entiende que las violaciones a los derechos humanos ocurridas en Argentina durante la última dictadura militar constituyen un único delito complejo, abarcativo del terrorismo de estado, genocidio y torturas.

Para Garzón, tales ilícitos formaron parte de un plan sistemático, para lo cual las cúpulas militares se sirvieron de estructuras legales e ilegales, señalando que los requeridos formaron parte de dicha estructura y cumplieron determinados roles dentro del citado plan.

"Al haber una sola imputación, tampoco puede ser desmembrada la extradición", resaltó Luengo.

José Ernesto Schulman -uno de los precursores de las denuncias por violaciones a los derechos humanos durante la última dictadura militar- dijo que "es a Ben Laden, Víctor Brusa y Eduardo Ramos a quienes se los reclama por acciones de terrorismo con amparo estatal, y no a nosotros, víctimas del terrorismo de estado y luchadores consecuentes por la vigencia de los derechos humanos".

Respondió así a las declaraciones vertidas por Eduardo Ramos la mañana del jueves, cuando decidió presentarse en el Arzobispado de Santa Fe para ponerse a disposición de la Justicia.

En dicha oportunidad, Ramos había manifestado que "no hay ninguna diferencia entre Osama Ben Laden y estos señores que se esconden detrás de las banderas de los Derechos Humanos, los que fueron, son y serán terroristas".

El Foro contra la Impunidad y por la Justicia dejó en claro que "este Foro nunca gestionó ni estuvo presente en una reunión con el Comandante en Jefe del Segundo Cuerpo de Ejército en una escribanía de nuestra ciudad".

La aclaración surgió a merced de versiones periodísticas que señalaban que alguna organización de Derechos Humanos había tomado parte en tal reunión.

El comunicado agrega, en cambio, que "sí, seguimos luchando para lograr juicio y castigo a los culpables del terrorismo de Estado en este país".