Esta mañana, un grupo de intendentes de la Alianza, acompañados por legisladores provinciales y nacionales de esa agrupación política, intentaron ser recibidos por el gobernador Carlos Reutemann para pedirle explicaciones respecto de la autorización firmada por el mandatario el viernes, para que tres municipios justicialistas y uno vecinalista pudieran recibir un crédito del BID, destinado a reformar y modernizar sus respectivas administraciones.

Los intendentes pretendían conocer por qué razón los municipios de ese sector partidario no habían sido incluidos en este decreto cuando, aseguran, estaban en la misma situación que sus pares justicialistas en el cumplimentación de los requisitos necesarios.

"Hasta la semana pasada, había cinco municipios de la Alianza que estábamos en condiciones de acceder al crédito: Avellaneda, Malabrigo, Villa Cañás, Vera y Firmat. Por trascendidos, nos enteramos de que el gobierno firmó el decreto para Santa Fe, Venado Tuerto, Calchaquí y Sunchales. Queremos reclamarle al gobernador que incluya en el decreto a los municipios de la Alianza que están en condiciones de recibirlo", explicó el intendente de Vera, Raúl Seco Encina.

También pretendían que se les aclararan versiones que indicaban que Reutemann no iba a firmar los decretos correspondientes a los municipios de la Alianza. "Lo conozco al gobernador y sé que ésa no es su forma de actuar. Por eso pretendemos que aclare estas versiones, porque si son ciertas, estamos en un grave problema institucional. Pero hasta que no podamos hablar con él, nos negamos a hablar de discriminación", dijo Seco Encina.

Como Reutemann estaba en Rosario. Fueron recibidos por el subsecretario de Municipios, Ricardo Spinozzi, quien les aclaró la postura oficial del gobierno.

Spinozzi negó cualquier tipo de discriminación de parte del gobierno provincial, ni que estuviera atado al pago de las deudas que el gobierno nacional tiene con la provincia en concepto de Aportes del Tesoro Nacional.

"No se puede decir que discriminemos cuando hace poco el gobernador autorizó el endeudamiento por 50 millones de pesos para Rosario y Pérez, que son municipios de la Alianza", recordó Spinozzi.

El crédito del BID fue gestionado en 1998 por el gobierno de Carlos Menem, pero todavía no fue utilizado. Está destinado a las reformas y modernización de los municipios argentinos y consta de un total de 500 millones de pesos: una mitad aportados por el BID y la otra por las municipalidades que se acogieran al crédito.

Por este último requisito, pocos municipios se habían mostrado interesados en participar, a consecuencia de los problemas financieros, que no les permitían aportar la contrapartida exigida por el crédito.

Cada uno de los interesados debía cumplimentar una serie de exigencias, por ejemplo demostrar capacidad de endeudamiento, y presentar el Plan de Reformas e Inversiones (PRI) que debía ser elaborado por sí o por una consultora.

El 23 de agosto de este año, el subsecretario para las Provincias del Ministerio del Interior, René Bonetto, informó, a pedido de la provincia, que el plazo de vencimiento para plegarse era el 30 de setiembre, y que el PRI ya no era una condición necesaria para acogerse al crédito.

A partir de esta nueva situación, Spinozzi explicó que el gobierno provincial puso en marcha un pedido de prórroga de los plazos de acogimiento, con lo que están de acuerdo los aliancistas, para que pudieran ingresar la mayor cantidad de municipios posibles y la elaboración de un decreto para modificar el vigente introduciendo estas reformas, lo que actualmente se está tramitando.