Normalización del Pami
En un trámite veloz para avanzar antes de que cayera el quórum, la Cámara de Diputados de la Nación aprobó ayer el proyecto que normaliza la situación del Pami, termina con las intervenciones y permite que los jubilados elijan a sus autoridades.
"La ley reafirma el carácter público no estatal del Pami e incorpora controles internos y externos, a través de la Sindicatura General de la Nación; es una afirmación del espíritu solidario que debe tener el sistema de seguridad social", explicó la diputada Cristina Guevara, al presentar el proyecto.
La iniciativa debe ahora ser tratada por el Senado.
El proyecto define las prestaciones de la obra social como "servicios de interés público" y vuelve "intangibles" los recursos para su financiamiento.
La ley impide "delegar, ceder o transferir" a terceros las funciones de conducción, administración, planificación, evaluación y control del organismo.
También coloca una barrera para una posible privatización al advertir que "el instituto no podrá ser alcanzado por instrumentos legales que prevean su desregulación o competencia regulada".
El directorio ideado por el proyecto se compone de 11 representantes de los centros de jubilados, dos de los trabajadores y dos del Poder Ejecutivo.
El instituto creado queda con la facultad de fiscalizar los recursos recaudados para su funcionamiento, que provienen de los aportes jubilatorios, y la forma como le son transferidos.
Los diputados se apuraron por votar sin debate la propuesta, que es un viejo reclamo de los centros de jubilados.
De esa forma se cerró una jornada donde la discusión del Pami había sido central en la Cámara de Diputados.
Compromisos
Tres horas antes, en el despacho de la presidencia de la Cámara, el vicejefe de Gabinete, Héctor Rodríguez, se había comprometido ante los legisladores a un aporte gubernamental de 60 millones de pesos en Lecop para que el Pami pudiera normalizar sus prestaciones.
Así, la sesión fue la contracara de la feroz polémica que tuvo lugar la noche anterior, cuando los diputados habían puesto el grito en el cielo por el agravamiento de la crisis del Pami.
Sin embargo, en el Senado las perspectivas para tratar el proyecto rápidamente son pocas y los diputados evaluaban que su discusión quedaría para el año próximo.
Cáritas también se suma a la lista de los afectados
La obra social Pami está atravesando una complicada situación económico-financiera en todo el país, de la que no escapa la gerencia local, motivo por el cual los afiliados de esta sucursal, desde hace más de un mes, no están recibiendo los beneficios completos para la atención de su salud.
Pero la falta de pago que motiva las medidas de fuerza que están aplicando los prestadores médico-asistenciales del centro-norte de la provincia también la padece Cáritas Arquidiocesana, ya que desde 1995 la obra social nacional le está adeudando casi 25.000 pesos de subsidios, con los que funcionaban dos comedores de nuestra ciudad.
El diácono Aldo Ducrano, director de Cáritas Arquidiocesana, explicó que -por no haber recibido el dinero de los subsidios que entregaba Pami- en 1995 debieron cerrar dos comedores, en los que se asistía a los afiliados de esa obra social: el Cristo Rey, correspondiente a la parroquia Santa Rosa de Lima, y el Nuestra Señora de Pompeya, perteneciente a la parroquia homónima.
Ducrano agregó que por el primer comedor, el Pami le debe 13.816 pesos y por el segundo el monto alcanza los 10.604,86 pesos, aunque aclaró que esto también ocasionó el cierre de comercios que proveían de mercancías a estos comedores o que otros estén atravesando una complicada situación económica por no haber cobrado esa deuda.
Por último, mencionó que son incontables los reclamos que esta institución realizó ante la obra social para poder cobrar dichos montos, además de gestionar audiencias con el interventor local, pero que no tuvieron el resultado esperado. Agregó que -posteriormente- el comedor Cristo Rey reabrió sus puertas, pero gracias a un convenio firmado con la provincia.
