En una jornada maratónica y un tanto desprolija, el Senado de la provincia sancionó ocho leyes y dio media sanción a otros 14 proyectos. Entre las primeras, aprobó la extensión de la Ley de Emergencia Económica y Previsional (ver página 5).

Como ocurre a fin de cada período, una vez más, el vencimiento de los plazos por la finalización del período ordinario, impuso la conversión de proyectos en leyes que hubieran merecido un tratamiento más severo, que el que se logra con el tratamiento sobre tablas, como ocurrió en la mayoría de estos casos.

No obstante merece destacarse que se sancionó una ley que faculta a los municipios y comunas a cobrar patentes atrasadas, cuyos montos les corresponden en un ciento por ciento y estaban a cargo del API; la ley Foresi que pone en un pie de igualdad a la provincia con los gremios, mutuales y otras entidades que pueden cobrar sus acreencias por planilla y la propuesta de Domingo Pochettino que aboga por la identificación del personal de la administración pública que atiende al público y propende a una mejor atención de los contribuyentes.

Otras votaciones producidas ayer por el Senado, refieren a la aprobación de convenios, algunos con una morosidad de más de dos años y otras a expropiaciones o donaciones del Estado, de la EPE o de comunas para destinos comunitarios.

La ley faculta a municipios y comunas al cobro de las patentes atrasadas, cuyo producido ingresará a las alicaídas arcas del municipio donde se encuentren radicados los vehículos y establece un interés del 1% mensual, significativamente menor, al que venía cobrando la API.

Intendentes y presidentes comunales que impulsaron esta modificación, no pudieron concretar su deseo de contar con una ley de compensación de deudas con la provincia, pero al menos consiguieron este objetivo menor, que los faculta con amplitud a suscribir convenios en base a esta nueva norma que modifica el Código Fiscal y la Ley N° 11.105.

La ley sancionada fue votada por unanimidad. Tomó como base un proyecto impulsado por Alberto Hammerly y resume otro de Juan Carlos Cardelli, que establecía una moratoria para el pago de patentes.

Con más demoras de lo que pretendía su autora, la electa diputada nacional Irma Foresi, vio sancionar un proyecto por el cual trabajó y luchó ante la resistencia de muchos legisladores, que objetaban la legalidad de disponer compulsivamente, el cobro de las cuotas de viviendas pertenecientes a planes provinciales por planillas.

La ley -de apenas 6 artículos- autoriza al Poder Ejecutivo a implementar un sistema obligatorio de cobro de cuotas pertenecientes a sus planes habitacionales, mediante el descuento por planillas, como lo hacen habitualmente otras instituciones, algunas de ellas que no pertenecen a la órbita del Estado.

La ley da prioridad a los descuentos obligatorios establecidos en la masa salarial como la seguridad social, aportes previsionales, obra social, seguro mutual y asignaciones familiares.

No obstante tendrá preferencia este descuento a cualquier otra norma posterior de adhesión al sistema, con excepción de las cuotas de alimentos.

Asimismo, fue sancionada una ley por la cual se establece que el personal de la administración pública que atiende al público, deberá tener una identificación personal.

La norma establece que "los empleados y funcionarios del Estado, tienen la obligación de informar, en ejercicio de sus funciones, su nombre, el cargo que desempeña y en caso de solicitud, el nombre del inmediato superior".

Los empleados deberán identificarse con una credencial a la vista del público y mantener en la dependencia un registro de reclamos, que deberá ser visto y revisado periódicamente por personal de la Defensoría del Pueblo.

Según su autor, se pretende establecer un vínculo personal entre el empleado público y los contribuyentes; mejorar su atención y ofrecer documentos que permitan evaluar el comportamiento del agente, dando la posibilidad a la adopción de medidas correctivas o punitivas, si correspondiera.

La Comisión Intersindical del Sector Público integrado por Amsafé, ATE, Festram, Luz y Fuerza, Asociación Tribunales del Poder Judicial, Viales, Apel, Sadop y Soeme rechazaron enérgicamente la prórroga de la ley de emergencia previsional.

Un documento elaborado dice que es de público conocimiento que "la provincia se adecuó al régimen nacional incrementando la edad jubilatoria y disminuyendo drásticamente el porcentaje de jubilaciones en relación con el salario de los trabajadores activos y, en consecuencia, por los datos que surgen de la misma Caja de Jubilaciones, el régimen previsional santafesino -ley 6.915- está económicamente equilibrado".

Los gremios entienden que tal prórroga es "la continuidad del ajuste aplicado a los trabajadores estatales por el gobierno provincial y sólo puede responder a darle legitimidad a la política instrumentada por el gobierno nacional, apropiarse de recursos económicos para el manejo discrecional del Ministerio de Economía y resolver los problemas de caja del gobierno santafesino a costa del salario de los agentes y asignaciones de los jubilados".

La Cisep denuncia que con esta acumulación de recursos provenientes de los aportes extraordinarios de jubilados y trabajadores se pretende destinar en parte a instrumentar jubilaciones anticipadas y retiros voluntarios, instalando un futuro desfinanciamiento del sistema previsional y un nuevo ajuste en el sector público.

Por otra parte, los representantes sindicales repudian el pago de salarios en Letras de Cancelación de Obligaciones Provinciales (Lecop) no sólo -dicen- porque esto constituye a corto plazo una reducción salarial encubierta y una nueva transferencia de recursos hacia los sectores financieros, sino además la más triste expresión del fracaso de un modelo económico que empobreció a los más amplios sectores de la sociedad, a costa de las ganancias exageradas de grupos económicos.

Los gremios estatales advirtieron que "si se pretende utilizar facultades extraordinarias para instrumentar políticas de reducción de salarios o alteración de derechos laborales, encontrará cerrada oposición y la consecuente confrontación de los trabajadores del sector público".