Rosario (C).- El ministro de Gobierno, doctor Lorenzo Domínguez, dio a conocer esta mañana a una decena de jueces penales de Santa Fe y Rosario los detalles de un plan para resolver el problema de sobrepoblación carcelaria, que pasaría por reacondicionar plantas industriales en desuso para alojar detenidos.

Los jueces escuchaban, al cierre de esta edición, los pormenores del programa. Aunque no fueron sólo a prestar atención, sino que llevaron también ellos un planteo. Pidieron que desde el Poder Ejecutivo provincial se activen todos los mecanismos pertinentes para acelerar la aprobación de un proyecto de reforma del Código Procesal Penal, que ya está ingresado en la Legislatura. Esa enmienda prevé el denominado juicio abreviado. Una herramienta que los magistrados consideran crucial para descomprimir la situación de muchos reclusos que ocupan plazas penitenciarias durante tiempos prolongados mientras esperan la definición de sus procesos.

En un receso de la audiencia, Domínguez contó a este diario que los jueces habían dado muestras de adhesión al programa penitenciario, que implica, según dijo, "habilitar espacio para que la detención de las personas que están presas en comisarías sea más humanitaria hasta el momento en que la provincia disponga de buenas cárceles, cosa que vemos que se va a dilatar".

Esta semana trascendió que, en rigor de los dictados del déficit cero, no llegarán a la provincia los fondos necesarios para la construcción de las cárceles de Timbúes y Piñero, en el sur provincia, concebidas para alojar 450 presos cada una.

Frente a esta coyuntura, Domínguez propuso al gobernador Carlos Reutemann un proyecto de readecuación de grandes plantas industriales y alojar allí a los internos. Incluso funcionarios de su cartera recorrieron predios en la franja de 60 kilómetros que va desde Oliveros a Villa Gobernador Gálvez para analizar cuáles podrían resultar viables.

"Habrá que comprar o alquilar esas plantas, y recién estamos viendo eso", indicó Domínguez. El ministro precisó que la edificación de la cárcel de Piñero, por ejemplo, insumía un desembolso de 30 a 35 millones. "Esta iniciativa impone un costo sensiblemente menor, estaría en un 15 o 20 por ciento de ese valor", ilustró.

En este momento, según cifras oficiales, un total de 1.800 presos a disposición de la Justicia provincial están alojados en forma precaria en penales de comisarías. De esa cantidad, mil permanecen en las seccionales de Rosario.

"Al asumir le planteé al gobernador que el principal problema de seguridad, derechos humanos y funcionamiento de la misma policía era la situación de presos en comisarías. Para mí, por eso esto (la readecuación de cárceles) es un plan A", indicó Domínguez, quien agregó que la remodelación de una de esas antiguas plantas fabriles generaría espacio para albergar a 500 detenidos.

A la reunión con el titular de Gobierno acudieron tres jueces de instrucción santafesinos: Julio César Rondina, Dardo Rosciani y Roberto Prieu Mántaras. De Rosario participaron Jorge Eldo Juárez, Luis María Caterina, Alejandra Rodenas, Carlos Triglia, Susana de Pigliacampo, Raquel Cosgaya y Carlos Carbone.

El ministro de Gobierno dijo que la directora de Asuntos Internos de la policía provincial tomará en cuenta aspectos muy detallados, publicados anteayer en este diario, sobre el funcionamiento de una presunta red institucional de recaudación ilegal en la Jefatura de Rosario, que implicó el relevo de los jefes en abril pasado.

"Sobre lo que investiga la Justicia no opino, porque es otro ámbito. Pero sobre lo que figura en Asuntos Internos digo que se han tenido en cuenta todas las líneas investigativas. Y eso incluye a lo que fue publicado recientemente que será tenido en cuenta".