El Concejo Municipal aprobó ayer por unanimidad el paquete de proyectos que habilita al cuerpo a producir reducciones en el número de agentes de la planta permanente, actualmente compuesto por 168 empleados.

Durante la sesión extraordinaria -a la cual los ediles llegaron con el consenso previo-, se sancionaron un decreto para crear un sistema de retiro voluntario y una ordenanza con un programa de traslados de agentes a áreas del Ejecutivo, con previo acuerdo entre los empleados, el intendente y el Concejo.

Con estas medidas el cuerpo deliberativo intentará ahorrar un millón de pesos del presupuesto, que es del orden de los 7,3 millones. Si bien se trata en la práctica de una transferencia de fondos al DEM, el Concejo prevé un ahorro paralelo en cuanto a los gastos políticos.

"Entre los traslados y retiros pensamos transferir 500 mil pesos, e igual suma se ahorrará en gastos políticos: 300 mil pesos en cuanto al rubro asesores -reducción del número y remuneración- y los otros 200 mil en el funcionamiento de las secretarías internas y en la eliminación de cargos políticos", dijo el presidente del Concejo, Darío Boscarol, al término de la sesión.

Es decir que la tan mentada reforma administrativa abarca tanto al personal permanente como al político y las autoridades, debido a que en su momento los ediles anunciaron la reducción de sus sueldos y el de asesores, para producir un primer ahorro de casi 800 mil pesos que se plasmó en el presupuesto para este año.

En cuanto al retiro voluntario, el programa será transitorio (por 90 días) y a través del mismo se crea un registro de adherentes. Una vez aprobado el pedido, el agente tendrá derecho a percibir una suma equivalente a un mes de sueldo por cada año de servicio prestado, más un plus del 16 por ciento de los haberes sujetos a aporte, con exclusión del salario familiar.

La suma resultante será abonada en cuotas, no mayor al número de años de antigüedad de cada gente, sin intereses ni actualizaciones.

En su articulado, el decreto establece que quedan excluidos del retiro voluntario aquellos agentes que se encuentren bajo proceso penal y/o con condena, con sumario administrativo, o quienes hubieran solicitado su concurso preventivo, su propia quiebra o solicitada por terceros.

También, aquellos que hagan uso de licencia por enfermedad de largo tratamiento o con posibilidad de obtener el beneficio de jubilación ordinaria o edad avanzada dentro de los próximos cinco años.

En cuanto al programa de traslados, el mismo prevé hasta un 40 por ciento de agentes, y se extenderá hasta fin de año.

El personal sujeto a traslado conservará la misma categoría de revista, remuneración y antigüedad. A su vez, el Concejo eliminará los cargos vacantes y readecuará el presupuesto; mientras que el Ejecutivo procederá a reducir las transferencias de fondos para el pago de remuneraciones en el monto equivalente.

Otro decreto aprobado ayer autoriza la firma de un convenio entre el Concejo y la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Municipalidad, para obtener el servicio de apoyatura médica especializada de dicha caja, en los casos de licencias por enfermedad de larga duración.

Con esto se busca eliminar las irregularidades que se cometieron durante años, cuando se otorgaban licencias sin el control de una junta médica.

Finalmente, a través de un tercer decreto se autorizó la realización de una auditoría interna que relevará las áreas administrativas del Concejo y las funciones asignadas al personal permanente.

La auditoría no generará gastos extras, ya que será realizada por los secretarios del cuerpo.

En la práctica, la reducción del personal de planta permanente y de los gastos del Concejo se realizará en forma paulatina y de acuerdo al siguiente mecanismo:

El Concejo refrendó ayer el decreto de la presidencia para dejar cesante a un agente que representó un caso emblemático de la desidia que reinó en el cuerpo por muchos años. Se trata de Víctor Antonio Romero, designado director del Centro de Reconocimiento Médico, quien exhibía un título profesional "trucho".

Estaba prevista también la cesantía de otro agente condenado por la Justicia, pero los ediles pasaron a comisión el proyecto, debido a que no se pusieron de acuerdo sobre la retroactividad de la cesantía: si debía ser desde 1990 -fecha en que comenzó a ausentarse del Concejo- o desde 1997, fecha en que fue procesado.

Los proyectos para encarar la reforma administrativa en el Concejo fueron impulsados por el radicalismo, ahora a cargo de la presidencia, y tuvieron el acompañamiento del bloque justicialista, desde donde ahora se redobla la apuesta para seguir ajustando los números del Concejo.

"Era necesario realizar una baja sustancial del personal del Concejo, y para ello se debió acordar con el Ejecutivo. Esto se suma a la reducción que ya se hizo sobre los ingresos del personal político, entre ellos concejales y asesores, del orden de los 800 mil pesos", recordó ayer el presidente del bloque del PJ, Martín Balbarrey.

El edil aseguró que es necesario continuar "en esta tónica" para "transparentar el Concejo"; y en este sentido se mostró partidario de "reducir el número de concejales", dijo a El Litoral. Actualmente, el cuerpo está integrado por 23 ediles, y según Balbarrey esa cifra podría bajar "a 15. Es una forma de producir la tan mentada reforma política, porque la situación del país así lo exige, y llegar a establecer el presupuesto del Concejo en sólo el 2 por ciento del presupuesto municipal", sostuvo.

Apenas trascendieron los detalles del ajuste en el Concejo, el gremio de los municipales, Asoem, reaccionó para oponerse al traslado de agentes de ese cuerpo al municipio. Esta mañana el intendente Marcelo Alvarez y el titular del Concejo, Darío Boscarol, se reunieron para analizar la instrumentación de las normas aprobadas ayer, pero además coincidieron en la necesidad de buscar el consenso con el gremio sobre la forma en que se van a poner en práctica.

"Este no es el primero ni el único ajuste que hay que hacer en la Municipalidad, sobre todo con los niveles de caída en la coparticipación y la recaudación", admitió Alvarez.

"Hay áreas del Ejecutivo que pueden estar sobrepobladas y otras en las que podemos necesitar de personas del Concejo. En función de eso fue la voluntad del intendente de aceptar este pase, que no significa mayor erogación y tiene limitaciones sobre adónde va a ser trasladado el personal", agregó.

Boscarol se sumó a esos conceptos y expuso que "estamos buscando los consensos en todas partes", incluso en las oficinas adonde podrían ser destinados estos agentes.