Política: POLI-05

Rechazan el pedido de recusación de la Corte

La Comisión de Juicio Político de Diputados se expidió por unanimidad. Consideraron que el pedido está fundado en una grosera interpretación del reglamento.


La Comisión de Juicio Político de Diputados rechazó por unanimidad la recusación presentada por tres jueces de la Corte Suprema contra los legisladores con matrícula de abogado, por considerar que se trató de una "grosera interpretación" del reglamento de la Cámara.

Los jueces Julio Nazareno, Eduardo Moliné O'Connor y Guillermo López habían pedido el apartamiento de 20 de los legisladores de la comisión, en base al artículo 90 del reglamento, que exige la excusación cuando posean matrículas de abogados del "mismo distrito" de los magistrados investigados.

Los tres jueces consideraron que, por tener jurisdicción en todo el país, todos los abogados de la comisión debían apartarse.

"Es una grosera interpretación de una norma en desuso", afirmó el presidente de la comisión, Sergio Acevedo, después de la reunión donde el grupo analizó el pedido de los magistrados.

La comisión argumentó que el artículo fue redactado cuando la Cámara Baja acusaba a los magistrados de tribunales inferiores, una atribución que luego fue delegada al Consejo de la Magistratura, y por lo tanto podían producirse colisiones de intereses, si los diputados eran de la misma provincia de los jueces denunciados.

Pero advirtieron que carece de sentido en la actualidad, cuando el objeto del enjuiciamiento es la Corte Suprema.

Los diputados coincidieron en desestimar el planteo, pero discutieron si era su atribución o pertenecía a la órbita de la Comisión de Asuntos Constitucionales.

Finalmente resolvieron tomar el problema en sus manos y rechazarlo a través de un escrito.

Citaciones


Apenas resuelto el debate, la comisión comenzó a redactar la citación de las personas que brindarán testimonio mañana, en especial en torno de la acusación por las demoras en la investigación de la voladura de la Embajada de Israel.

La más avanzada de las causas es la referida al fallo que declaró inconstitucional el "corralito" bancario.

A pocos metros de distancia, la Comisión de Justicia trataba paralelamente un proyecto del Poder Ejecutivo, que propone jubilar a todos los magistrados que cumplieron el límite de edad.

La discusión rozó el problema de la Corte Suprema, ya que hubo diputados que advirtieron que la jubilación de parte de sus integrantes podía ir contra la voluntad política de enjuiciarlos.

La decisión fue suspender por ahora el debate del proyecto y esperar el avance del juicio político.

A favor y en contra


El abogado defensor de los miembros de la Corte Suprema, Gregorio Badeni, defendió su recusación a la gran mayoría de los diputados que integran la Comisión de Juicio Político, a pesar de que varios constitucionalistas criticaron este pedido.

"Todos los legisladores matriculados como abogados en el fuero federal deberían excusarse", opinó ante Télam el patrocinante de Julio Nazareno, Eduardo Moliné O'Connor y Guillermo López.

Badeni esgrimió que este punto surge de una "ley interna dictada para que el proceso sea imparcial", en referencia al artículo 90 del reglamento de la Comisión de Juicio Político.

Ese artículo establece que deberán apartarse de la investigación los miembros de la comisión cuando se refieran a magistrados de distritos en los que los diputados ejercieran la profesión de abogado o procurador.

Sin embargo, el constitucionalista Andrés Gil Domínguez opinó que la Corte está haciendo una "interpretación muy particular del artículo 90, porque en la medida en que no exista una causal positiva, es decir un tema en particular de odio o una vinculación comercial entre los investigados y los que investigan, no hay subjetividad".

Se mostró además "extrañado" de que los jueces de la Corte "recusen a los diputados cuando no se excusaron de dar fallos como el de Carlos Fayt, que era miembro del Tribunal, o el de Emir Yoma, a quien había representado uno de ellos".

Para otros especialistas, como Daniel Sabsay, la estrategia de la defensa es la de "dilatar el procedimiento" porque los diputados "representan a la Nación y no puede comprenderlos una causal relacionada con el ejercicio de la profesión".