El caso de un instituto santafesino
Los padres, que no pueden pagar, plantearon un recurso de amparo. Argumentan discriminación y violación del derecho a educarse. El colegio aduce que las chicas no habían sido reinscriptas para este año.
Una orden judicial dictada como medida cautelar en el marco de una acción de amparo obligó a un colegio privado de niñas y adolescentes a permitir el ingreso a clases de dos alumnas cuyos padres mantienen una deuda con la institución.
La resolución adoptada por el juez en lo Civil y Comercial de la Cuarta Nominación, Claudio Bermúdez, hizo lugar a la medida cautelar solicitada por el abogado Luis Hilbert, ordenando también que no se computaran las faltas a clases de las niñas desde el comienzo del año lectivo, ya que no se les había permitido el acceso al establecimiento.
También dispuso que los profesores deberán otorgar a ambas adolescentes la enseñanza y tareas que dieron a todas sus compañeras de aula desde que comenzaron las clases.
Los progenitores de las chicas, que cursan sus estudios secundarios en el colegio San José Adoratrices, atraviesan serias dificultades económicas desde hace más de un año. Esgrimen que, hasta entonces, pagaron puntualmente sus cuotas. Y que solicitaron que las niñas fueran becadas, pero no obtuvieron respuesta alguna de la institución.
Aseguran que al comenzar el año les tomó por sorpresa que se hubiera prohibido a las chicas el ingreso al establecimiento, por lo cual decidieron recurrir a la Justicia.
Argumentan que sus hijas son discriminadas, que se violan sus derechos a acceder a la educación y que la situación les inflige un serio daño moral.
Argumentos
Los argumentos esgrimidos en el escrito de amparo fueron compartidos por la Defensora General, María del Carmen Yunes, y el fiscal en turno.
Una de las razones invocadas para que las niñas fueran aceptadas en el colegio pese a la falta de pago de las cuotas es el "trato discriminatorio y desigual", teniendo en cuenta "la cantidad de alumnas que concurren a la escuela con becas otorgadas por el propio colegio".
El reclamo judicial presentado por el Dr. Hilbert pone de resalto que "los suscriptos solicitamos en varias oportunidades a las autoridades del colegio el subsidio o becas con el que se benefician a las alumnas que lo necesiten, no obteniendo respuesta pese al tiempo transcurrido".
También alega que, al impedir a las niñas el ingreso al colegio, se viola el derecho a educarse, consagrado por nuestra Constitución Nacional y tratados internacionales.
"No permitir el ingreso de las menores a su aula resulta una medida de parte del colegio manifiestamente arbitraria e ilegal, al mismo tiempo que violatorio de normas legales que, en materia de educación, rigen en el sistema educativo provincial y nacional", expresa el recurso.
La presentación también destaca el "acto horrendo de no dejar entrar a las niñas delante de todos sus compañeros", lo que "puede dejar graves secuelas en la conformación definitiva de la persona humana".
"La vergüenza pública a que han sido expuestas las niñas ante sus compañeros no tiene parangones, en virtud de que nadie puede esperar que un colegio (y menos uno religioso) tenga actitudes tan aberrantes para con los niños".
Finalmente, recuerda que "las llamadas `escuelas privadas' también son sostenidas por el Estado, quien aporta el setenta por ciento, o más" del presupuesto educativo.
