Los 22 diputados de la oposición firmaron un proyecto de ley para dejar atrás la enmienda introducida por el Poder Ejecutivo, y aceptada por la mayoría justicialista de la Legislatura, al sistema de aportes al Fondo de Asistencia Educativa (FAE) ya que, a juicio de los firmantes, convalidar lo sancionado significa destruir el sistema debido a que la provincia niega sus aportes y licúa sus deudas.

El proyecto fue elaborado por el radical Angel D'Ambrosio quien logró la firma de los restantes jefes de bloque de la oposición, su correligionario Eduardo Galaretto; el socialista Eduardo Di Pollina y el demoprogresista Carlos Favario. Firmaron además los restantes legisladores opositores.

La historia de los aportes al FAE viene discutiéndose desde hace varios meses en la Cámara de Diputados cuando los intendentes reclamaron algún tipo de alivio al sistema de aportes que deben realizar a dicho Fondo. Sobre fines de noviembre pasado se dictó la Ley N° 11.999 que permitía, para el futuro, aportes no dinerarios de municipios y comunas y eliminaba la responsabilidad personal de los intendentes sin perjuicio de la responsabilidad que les cabe como funcionarios públicos.

El Ejecutivo observó la ley para agregar un párrafo que, en los hechos licúa parte de la deuda del gobierno provincial para con el sistema. Ahora, en los fundamentos del proyecto, los firmantes insisten en afirmar que "la enmienda que se promueve constituye la intromisión de una técnica legislativa que contradice el proceso de formación de las leyes y abre serias dudas sobre su legitimidad".

Los firmantes del proyecto utilizan declaraciones formuladas por el ministro de Educación, Alejandro Rébola, quien adjudicó la autoría del veto al Ministerio de Hacienda.

Para D'Ambrosio a partir de los dichos de Rébola hay una clara disyuntiva. "O estamos en presencia de un nuevo récord en el frecuentado arsenal del doble discurso o la sanción del supuesto veto enmienda que introdujera el gobernador a la normativa sobre el FAE y que constituye un paso decisivo hacia su destrucción, responde a un increíble equívoco que el presente proyecto tiende a corregir".

Los autores refieren que directivos de la Federación de Cooperadoras Escolares han anunciado la promoción de juicios contra el Estado por la norma sancionada "juicios que en virtud de los antecedentes y una sana hermenéutica jurídica tendrían serias posibilidades de prosperar con grave perjuicio para el erario provincial y sin resolver el daño grave e inmediato que se infringe a la escuela pública".

No se deja de señalar entre los fundamentos que Reutemann dice garantizar su apoyo al FAE; que Educación no comparte el criterio legislativo utilizado; que no existió diálogo con los cooperadores "y que la sanción constituye un efectivo daño a la situación de la educación en la provincia".

La oposición entiende que la derogación que proponen restituiría la cuestión a un plano de mínima racionalidad donde podría hacerse efectiva una serena y reflexiva discusión sobre el futuro del FAE. También permitiría contemplar la severa crisis económica que afecta a provincia, municipios y comunas; respetar las necesidades de una escuela pública que no sólo educa sino que es la última valla contra el desamparo, la subalimentación y la marginalidad y recomponer el diálogo con los cooperadores. "Volver sobre pasos equivocados es actitud de modestia que también la sociedad exige", dijo D'Ambrosio.