En un contexto político complejo incluso dentro de su partido, Carmelo Angulo Barturen, del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, y Alfredo Missar de Unicef, le advirtieron a Carlos Reutemann que "lo más difícil es lo que vendrá". Si el diseño de medidas y el fortalecimiento de controles para la gestión son dos aspectos importantísimos en estas etapas, mucho más lo es reconsiderar las competencias y asumir los límites con que se cuenta. Vayamos por parte.

En primer lugar hay que tener presente que el estado de emergencia por desastre hídrico declarado tanto por el Congreso como por la Legislatura provincial, no comprende sólo a la ciudad capital sino a nueve departamentos de la provincia. Es necesario fijar ese concepto para tener una visión más global de lo que ha sido esta catástrofe para el territorio y porque pasado el primer momento de confusión, el gobierno provincial y los municipios deberán asumir sus respectivas competencias y responsabilidades, tanto en la presente etapa de asistencia como en una próxima de relocalización de evacuados y en la reconstrucción.

Ahora está funcionando un comité de crisis que con dificultades, aciertos y yerros está enfrentando una situación para la que ninguna estructura por sí misma estaba preparada. Pero en un tiempo cercano deberá entrarse en una etapa de separación de roles, sobre todo con la Municipalidad capitalina. La provincia podrá ser soporte de las acciones relacionadas con el futuro, hacerse cargo de la reparación de las escuelas, de la reubicación de alumnos, de ser la tomadora de préstamos externos, de la seguridad o de las obras de infraestructura mayores, pero la intendencia deberá reconsiderar su papel indelegable en lo que atañe a la proyección de la ciudad y a la atención de su población.

Esta cuestión, tan primaria en otras situaciones, hoy aparece totalmente desdibujada. Sólo se justifica una injerencia tan directa del gobierno provincial en las decisiones que son de competencia municipal por la magnitud del desastre que tuvo la ciudad pero, en algún momento, el punto de inflexión tendrá que producirse, dado que la Casa Gris es la administradora de toda la provincia y no sólo del Santa Fe ampliado como ahora se lo observa. El propio mandatario viene repitiendo que 50 localidades del territorio están con problemas de anegamiento, "no sólo Santa Fe".

La ley nacional que dispuso una asistencia del gobierno de la Nación por 150 millones de pesos ha sido muy clara en este aspecto. Lo mismo ocurrió con la sanción de la ley marco, que la Legislatura le dio a Carlos Reutemann para iniciar este proceso de recuperación.

Pero la semana pasada dejó otras muchas aristas salientes. En principio, la crisis hizo emerger lo mejor que tiene el ser humano: la ayuda al prójimo nominada en la palabra solidaridad; y lo peor de él: el aprovechamiento de la situación no en beneficio de los damnificados, sino con otro tipo de fines.

El tema es delicado y complejo de tratar. Cuando comenzaron a llegar las ayudas por la emergencia, fue creciente el comentario acerca de que parte de estas donaciones estaban siendo aprovechadas por punteros y gente relacionada con políticos en cargos legislativos de la provincia y municipalidad.

En ese momento, el Poder Ejecutivo requirió el concurso del II Cuerpo de Ejército para la tarea de recibir los donativos, mantenerlos en custodia y trasladarlos hacia su destino final. Posteriormente, la repetición de presuntas irregularidades con agentes que pertenecían a Promoción Comunitaria llevó a la renuncia de la secretaria del área, Adriana Cavutto, una persona ligada al grupo de Alberto Hammerly, a quien Reutemann tiene particular estima.

Cavutto asumió el costo político del hecho que investiga la Justicia. No fue un integrante cualquiera del gabinete a quien se reemplazó. El gobernador debió actuar en muy pocas horas para obturar críticas en este flanco y mantener la confianza en su gobierno.

Paralelamente, desde el comité de crisis que preside Carlos Carranza, se adoptó el software Suma de las Naciones Unidas -tecnología informática de control- para el ingreso y seguimiento de todas las donaciones que llegaron y lleguen a la provincia.

Otra línea de comentarios pasó, asimismo, por el costo y calidad de las vituallas para los centros de evacuados. Las conversaciones tendientes a una renegociación de los contratos realizados a horas de que las aguas hubieran cubierto un tercio de la ciudad seguirán mañana, pero desde distintos ángulos se enfoca que deberá encontrarse una salida más económica y con uniformidad de estándares de calidad en el servicio.

En tanto se producían estos hechos, durante esta semana se terminaron importantes proyectos que fueron a la Legislatura: dos de carácter impositivo -uno de ellos comprende diferimientos tributarios para la actividad económica privada- y el otro que crea la Unidad Ejecutora de Recuperación de la Emergencia Hídrica y Pluvial "para la rehabilitación de las condiciones de vida y estructurales afectadas por el fenómeno hídrico". Esta Unidad dependerá directamente del gobernador y estará coordinada por Juan Carlos Mercier, quien ha señalado que actuará como asesor ad-honorem.

El mandatario buscó a su ex experimentado ministro para la concreción de la tarea que la provincia tendrá por delante. Mercier viene participando de muchas de las más importantes reuniones que han tenido lugar en la Casa Gris. Mientras que la Unidad Ejecutora diseñará y procurará la asignación de los recursos para la etapa de "recuperación", según reza la ley, el comité de crisis seguirá la atención de la emergencia. Carranza quiere ir más allá y dejar para la provincia un sistema institucionalizado de alertas ante catástrofes o situaciones de riesgo para la población "basado en tecnología independiente de la voluntad del hombre".

Uno y otro tienen una misión ligada directamente a las condiciones de vida actuales y futuras de la población de la provincia. Pero, además, en dos tiempos diferentes, su eficiencia será necesaria para procurar una finalización digna del mandato de Reutemann. El tiempo es escaso para esta titánica tarea, sólo seis meses. Quizás para setiembre ya se encuentre elegido un nuevo gobernador. El doctor Néstor Kirchner asumirá el 25 de mayo como presidente de la Nación. Las condiciones políticas deberán ser trabajadas y recompuestas incluso dentro del mismo justicialismo y en el contexto del arco dejado por el resultado de la elección presidencial en Santa Fe.

Uno y otro -el comité de crisis y la Unidad Ejecutora- tendrán, asimismo, el difícil cometido de cambiar el estado de ánimo en gran parte de la población provincial.