El robo de ganado en diversas zonas de la provincia configura un serio problema para los productores y la economía regional, por lo cual se ha convertido en una queja recurrente de los damnificados y merecido atención gubernamental y legislativa.

La sustracción ilícita de animales fue puesta sobre el tapete en los últimos días con referencia al departamento San Cristóbal, en función de lo cual autoridades locales, representantes de entidades agropecuarias y el senador departamental se reunieron con el ministro de Gobierno, después de haber impulsado con fuerza el debate en el recinto de la Cámara Alta provincial. La respuesta fue el compromiso oficial de reforzar la disponibilidad de recursos y propiciar mecanismos de coordinación, que garanticen un mejor desempeño en las tareas de prevención y persecución del delito.

Sin embargo, el caso no es único, ni presenta características de excepcionalidad. Tomando como referencia solamente los últimos meses, planteos similares se levantaron en Vera, Reconquista, Tostado y Rosario, con lo que el problema asume una abarcativa dimensión geográfica, sobre todo teniendo en cuenta que en distintos puntos de la provincia ya es considerado un flagelo casi permanente.

Las grandes regiones escasamente habitadas y la naturaleza extensiva de la explotación, donde en algunos casos los productores no tienen un control persistente y directo sobre la cantidad de ganado, facilitan la depredación y acentúan las dificultades para detectarla, evitarla y perseguirla.

La actuación de verdaderas bandas organizadas, con ramificaciones en distintas provincias y recursos operativos y tecnológicos -vehículos modernos, avanzados sistemas de comunicación- que les permiten moverse con rapidez y comodidad, supone un desafío difícil de afrontar para las fuerzas de seguridad locales, muchas veces carentes de efectivos y de elementos suficientes como para llevar adelante una actuación convincente y no siempre dispuestas a poner en marcha un esfuerzo ímprobo y acaso injustificado.

Para peor, no escapa a nadie que, en algunos distritos, la desidia policial no es simple abandono o inoperancia, sino una pieza fundamental de una maquinaria más compleja, en la que se conjugan los manejos de caudillos políticos comarcales y la "vista gorda" hecha por representantes del Poder Judicial, para permitir que, por omisión interesada o implicación directa, se hable de "zonas liberadas" al delito. Justo es decir que, como contrapartida, el esfuerzo policial y el apoyo gubernamental han permitido, a veces, desbaratar alguno de los ramales de estas bandas -aún cuando en ella participaban uniformados- o establecer eficaces mecanismos de prevención.

Desde la Legislatura provincial y ante el Congreso de la Nación, se propician modificaciones normativas -la reforma del Código Procesal Penal santafesino en tal sentido ya cuenta con media sanción- para aumentar las penas que caben a los cuatreros o impedir la excarcelación. Indudablemente, el avance en medidas de este tipo constituye un aporte significativo para enfrentar la problemática -sobre todo en la medida en que muchas veces los arrestos e incluso las condenas devienen inoperantes por la flexibilidad legal-, pero sin duda alguna lo fundamental es incrementar la vigilancia y el apresamiento de los responsables, que siempre resultan los disuasivos más convincentes.

Se trata, finalmente, de una lucha que debe interesar y comprometer a toda la comunidad, ya que su perjuicio no se reduce al bolsillo de los propietarios de ganado, sino que tiene un fuerte impacto sobre la seguridad de la población en las zonas rurales, las condiciones de salubridad para el consumo, la evasión impositiva y la propia consideración jurisdiccional. A nadie le conviene vivir en una provincia donde, aunque fuese en determinadas zonas, el delito pueda campear a sus anchas y los encargados de combatirlo no quieran, no sepan o no puedan dar la respuesta necesaria.