Buenos Aires (C).- El gobierno nacional iniciará esta semana una ronda de consultas con los gobernadores, de cara a una nueva Ley de Coparticipación Federal. El mecanismo plantea un nuevo y singular desafío para Santa Fe, en medio de las atribuladas relaciones políticas del PJ provincial con Néstor Kirchner.

El presidente ha decidido tomar en propias manos la gestión política de la nueva norma. El primero en la agenda es el gobernador jujeño Eduardo Fellner, quien, además, fue ungido por el acuerdo Kirchner-Duhalde como el referente para discutir el proyecto en nombre de los gobernadores.

Fellner es titular de la Comisión de Acción Política del PJ y podría quedar al frente del Consejo Nacional del partido, tras al referido acuerdo del presidente con Duhalde, perfilado luego de las elecciones de Misiones.

El entendimiento ubicaría asimismo a Jorge Sarghini, Juan Carlos Pezoa y Daniel Cameron en un triunvirato técnico para evaluar las propuestas. Los dos duhaldistas y el patagónico se sumarían así a Fellner, en el marco de un esquema de poder, en el que distritos como Santa Fe o Córdoba no tienen participación efectiva en el núcleo de las decisiones.

Por ahora, sólo se sabe que el Ministerio de Economía ha abierto un "libro blanco" para receptar las propuestas de cada distrito. Detrás de la discusión técnica hay una fuerte disputa política entre provincias ricas y pobres, o entre distritos que recaudan con otros que dependen de la Nación. Pero también el debate se plantea de cara a la puja aún abierta con los acreedores externos para determinar cuánto de lo que producen los argentinos se destinará al pago de la deuda pública.

Según el reciente acuerdo firmado con el FMI, la nueva ley de coparticipación debería estar lista en agosto de 2004. Pero el desafío tiene por delante interrogantes aún muy importantes, los mismos que postergaron la sanción de la norma en 1996, tal como lo exigía la Constitución según la reforma del '94.

Un acuerdo preliminar tácito entre las provincias es que nadie se sentará a discutir para obtener menos de lo que hoy recibe, por lo que la distribución secundaria (el porcentaje a cada provincia) no se tocaría. Pero es sabido ya que Roberto Lavagna impulsa un sistema por el cual cada provincia deberá hacerse cargo de recaudar más por su cuenta para mantener ese nivel.

La alternativa de que sólo se coparticiparían IVA, Ganancias y Bienes Personales, eliminando impuestos distorsivos, como el del cheque, plantea la apertura del debate por la coparticipación hacia el terreno de la reforma fiscal.

En una carta remitida al reciente encuentro de la UIA en Jujuy, Lavagna se refirió al tema de "la nueva Ley de Coparticipación, para estabilizar los logros en materia fiscal, la eliminación progresiva de impuestos distorsivos y el combate a la evasión y la elusión tributaria".

Tras el discurso, se oculta la verdadera dimensión de la cuestión. Es que el acuerdo con el FMI compromete una pauta de superávit primario del 3% del presupuesto en 2004, pero la meta debe ser rediscutida de acuerdo con la evolución de la economía en 2005 y 2006.

Dicho de otra manera, el FMI pretende que un porcentaje mayor de la recaudación nacional se aplique al pago de la deuda pública, lo cual amenaza el nivel de la coparticipación a las provincias y explica incluso el debate en torno de los fondos jubilatorios.

Es que en la actualidad, descontado lo que el país dedica al pago de la deuda, el presupuesto se divide un 40% para el pago a jubilados, un 30% para la Nación y otro 30% para las provincias.

De allí que quienes defienden el sistema privado de jubilaciones advierten que la verdadera intención del gobierno (más allá de abusos o errores de las AFJP), al promover el retorno al sistema público, es volver a contar con los recursos provisionales para echarles mano a favor del Tesoro.