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El juez de Instrucción Carlos Ferrero investiga una millonaria estafa -rondaría los cuatro millones de pesos- contra la SA Estancia La Pelada, que habría sido perjudicada durante los últimos meses por empleados infieles, en complicidad con algunos productores, contratistas y transportistas que operaban en la planta de silos de propiedad de la firma, ubicada en la localidad de María Luisa.
SA Estancia La Pelada es propietaria de una gran fracción de campo, tal vez la de mayor extensión en el norte del departamento Las Colonias, y se dedica básicamente a la agricultura y la ganadería. Además, posee en la misma zona dos plantas acopiadoras de granos, una ubicada en María Luisa y la otra en inmediaciones de La Pelada.
Hasta no hace mucho, el establecimiento perteneció al grupo de estancias que en todo el país tenía la firma Bunge & Born. Actualmente, la cabeza visible de la Sociedad Anónima es Juan C. Born.
Fue precisamente Juan Born quien hace ya seis meses, el 10 de abril de este año, se presentó en la sede de la Unidad Regional XI de la Policía -con cabecera en la ciudad de Esperanza-, y denunció haber tomado conocimiento a través de comentarios de las irregularidades cometidas en perjuicio de su empresa.
Las maniobras dolosas en el manejo de los granos involucrarían a numerosas personas de la región, entre ellas varios reconocidos empresarios, productores y profesionales. Desde el principio, llamó la atención de la policía -y de los vecinos- la importante y rápida evolución económica que algunos de ellos exhibían, traducida en la compra de inmuebles y vehículos último modelo.
Desde la policía, y con el seguimiento del juzgado con sede en Santa Fe, se organizó un amplio y ambicioso operativo de investigación y seguimiento de algunos de los sospechosos. Incluso trascendió que se habrían llevado adelante escuchas telefónicas que a partir de ahora servirán como elementos de prueba.
Básicamente, la estrategia adoptada por los investigadores habría pasado por dejar actuar a los estafadores, de manera tal que con el correr de los meses se fueran sumando elementos en su contra. Ahora, algunos de los sospechosos están imputados del posible delito de estafa. Otros, en cambio, como partícipes necesarios o circunstanciales.
Según trascendió de fuentes cercanas a las investigaciones, en las próximas horas el juez Ferrero -que ya recibió la documentación producida por la policía durante la investigaciójn- comenzará a tomar declaración a quienes aparecen vinculados con la causa.
