La Policía Aeronáutica argentina decomisó en los últimos tres años más de 20.000 piezas arqueológicas y paleontológicas que estaban listas para salir ilegalmente del país.
Las piezas aprehendidas proceden en su mayoría de las provincias de La Rioja, Catamarca, en el límite con Chile, Salta y Jujuy, en el extremo norte con Bolivia.
Varios museos argentinos, como el Regional Epifanio Saravia de Jujuy y el Histórico del Norte de Salta, fueron saqueados y perdieron, entre otras piezas, puntas de flechas del año 300, prendedores de la época colonial, libros del siglo XIX y estatuillas precolombinas, las preferidas de los traficantes.
"No tengo esperanzas de encontrar las piezas robadas; seguramente ya están rumbo a Estados Unidos", dijo en director del museo Saravia de Jujuy, Fortunato Forsan.
Especialistas del Instituto Nacional de Antropología y Pensamiento Latinoamericano (Inapl, el organismo argentino encargado de cuidar este patrimonio), sostienen que este país es un lugar de paso dentro de la cadena del tráfico ilegal de bienes culturales.
Piezas arqueológicas, obras de arte precolombinas y restos fósiles salen por el puerto de Buenos Aires rumbo a Japón, Europa, Australia y Estados Unidos, donde los compradores pueden ver las ofertas por Internet, aseguran los expertos del Inapl.
El Comité de Lucha contra el Tráfico Ilícito de Bienes Culturales es el encargado de combatir el contrabando de este tipo de piezas y desde junio de este año cuenta con la Ley de Protección del Patrimonio Arqueológico y Paleontológico para lograrlo.
Este comité está formado por miembros de la Policía Federal, la Policía Aeronáutica, la Gendarmería y la Prefectura Naval además de la Secretaría de Cultura nacional y el Consejo Internacional de Museos y ha llevado a cabo ocho operaciones en la capital argentina y uno en la localidad sureña de Comodoro Rivadavia, en la Patagonia.
De la Patagonia provienen la mayoría de los fósiles, piñas y restos de árboles petrificados y los huevos de dinosaurios que salen ilegalmente de la Argentina.
La nueva ley de protección de este tipo de patrimonio dispuso que todos los museos, centros culturales y coleccionistas declaren en un registro oficial, antes del 3 de noviembre próximo, todas las piezas que forman su patrimonio.
La norma presume que quienes no registren las piezas en su poder se habrán apropiado de ellas ilegalmente.
Según la Unesco, el mercado negro de este tipo de piezas mueve al año unos 1.000 millones de dólares en todo el mundo. (EFE)
