El Directorio del Colegio de Abogados de la 4º Circunscripción Judicial de Santa Fe expresó un enérgico rechazo a las expresiones vertidas por el ministro de Gobierno de la provincia, Roberto Rosúa, "ante la importante y legítima oposición a la construcción de una cárcel de máxima seguridad por parte de los habitantes de La Gallareta".

Mencionaron los profesionales que "la autoridad política no se consigue por la fuerza bruta de la imposición sino por el consentimiento popular de la democracia".

"Quienes ejercen funciones de gobierno deben tener presente la opinión de la gente, con mayor razón en un tema tan complejo y que sin duda requiere ser atendido, circunstancia que no admite soluciones a cualquier precio, ni respuestas exaltadas", insistieron.

En un comunicado, los abogados apuntaron que "de ninguna manera se puede sostener que la gente por un lado quiere seguridad y por otro se opone a la construcción de la cárcel. Como ya lo sostuviéramos, no debe escapar al conocimiento de los gobernantes las condiciones y efectos funestos para la región de cárceles como la que propone el gobierno llevar adelante".

"Es indispensable saber si se han realizado los estudios sociológicos necesarios para medir el impacto social y económico que produciría el natural asentamiento. Sin duda el tema debe ser tratado con la mayor seriedad y responsabilidad. Cabe recordar que los presos de máxima seguridad por lo general pertenecen a circuitos delictivos que muchas veces son verdaderas empresas criminales. No se puede llevar adelante medidas sin medir los perjuicios que pudieran ocasionar", advierte la misiva.

El Colegio reconoce que "es de fundamental importancia una adecuada evaluación de la cuestión planteada, siendo necesario que prime la razonabilidad y el sentido común".