"Cuando discutimos el tema de la inseguridad y vemos el dolor de tantas vidas destruidas, cuando escuchamos que se vinculan pobreza y delincuencia, queremos decir que eso es falso e injusto. No podemos quedarnos con respuestas fáciles sin relacionar lo que nos pasa con la falta de educación, dado que ésta garantiza un proyecto de país, maduro en libertad, donde rijan todos y cada uno de los derechos humanos". La frase de monseñor Luis Stockler, obispo de Quilmes, sintetiza el pensamiento eclesiástico sobre una cuestión que la opinión pública puso en la agenda política al no tolerar más la ola de secuestros seguidos de muerte.

Asimismo, denota las reservas que las denominadas "leyes Blumberg" provocan en el seno de los Iglesia, especialmente por su tratamiento legislativo apresurado o bajo presión. "Hace falta un estudio serio de las causas de la criminalidad y no recurrir al facilismo de medidas coyunturales cargadas de venganza antes que de racionalidad", advertía hace una semana la delegación episcopal para la Pastoral Penitenciaria en un documento. Un texto sumamente crítico al endurecimiento de penas y al abuso de la pena privativa de la libertad que abrió, aunque tangencialmente, el debate interno durante la octogésima séptima Asamblea Plenaria del Episcopado que sesionó esta semana en la casa de ejercicios María Auxiliadora de San Miguel.

Si bien la mayoría de los obispos coinciden en que urge un cambio en materia de seguridad, les disgusta que la opción del "camino único" se haya instalado otra vez en la sociedad (antes la asociaban a la teoría económica de la década menemista). Aunque los mayores interrogantes -admiten los prelados- los genera la idea en boga de imputar a los menores, un grupo (integrado por niños y adolescentes) al que la Iglesia pretende "proteger" de las inequidades sociales antes que reprimir. No obstante, los principales referentes episcopales intuyen que en el reclamo por mayor seguridad subyace un cambio de actitud de parte de la gente. Tal como lo rescató el lunes el presidente del Episcopado, monseñor Eduardo Mirás (Rosario), al inaugurar el plenario: "El fuerte requerimiento de seguridad presentado ahora como un bien imprescindible puede convertirse en el despertar de la conciencia ciudadana". O la valoración que hizo el titular de la Comisión Episcopal de Pastoral Social, monseñor Carmelo Giaquinta (Resistencia), del método Blumberg para movilizar a los responsables de la cosa pública. Y no porque coincida -según explicó el prelado chaqueño- con la letra fría de los proyectos elevados al Congreso, sino por estar fundamentado en las armas de la verdad, la ley, la no violencia y la perseverancia. Más allá de los matices conceptuales, los hombres de Iglesia a los que esta agencia tuvo acceso responsabilizan de este grado de inseguridad -aunque sin excluir la complejidad de causas políticas, económicas, judiciales y policiales que conlleva el problema- a la clase dirigente y a los medios de comunicación.

El más ácido fue monseñor Giaquinta quien opinó que "no se puede tener un país seguro mientras se lo hace girar en torno a las riñas de los partidos políticos. Si no fuesen tan trágicas sus consecuencias, uno las despreciaría como peleas de payasos". Otros prefieren centrar las quejas en la corrupción generalizada o la falta de principios éticos comunes a toda una sociedad, sin los cuales -aseguran- la comunidad se torna proclive a los extremos, por lo que dejan picando una frase del papa Juan Pablo II a modo de reflexión: "Sin ética la democracia se desmorona". (DyN).